Guanajuato, Gto 30 de julio de 2019. La comisión de justicia en el Congreso del Estado aprobó dos reformas al Código Penal del Estado con el fin de que se establezca como delito la filtración de información con la finalidad de entorpecer la procuración de justicia o para facilitar la comisión de un delito, además de que los robos a mano armada sean castigados con penas de hasta 8 años de prisión.
Tras una mesa de trabajo con representantes del poder judicial del estado y la Fiscalía General del Estado, los diputados de la comisión de justicia, aprobaron el dictamen que establece penas de entre dos a diez años de cárcel para quienes filtran información a la delincuencia para cometer acciones criminales.
La diputada panista, presidenta de la comisión, explicó que la intención de reformar el código penal es que quien comparta información de las autoridades para cometer un delito, se castigado con prisión, además de que si se comete un delito derivado de las filtraciones, también sea juzgado por ese delito aparte.
“Queda la inhabilitación en cualquier caso de servidores públicos hasta en la misma cantidad de años que se haya decretado la pena de prisión, es decir si le dieron los nueve años, una vez que concurra la pena de prisión, saliendo correrán sus nueve años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo o comisión pública”.
La legisladora detalló que las penas de prisión que establece el dictamen, van de tres a nueve años, cuando se trate de un servidor público cualquiera, pero en el supuesto de que se trate de un funcionario relacionado con la seguridad pública o la procuración de justicia, las penas pueden llegar hasta a una década de prisión.
Añadió que también se establece que cuando para cometer este delito se usen aparatos de telecomunicación o a menores de edad, se podrá agregar a la pena hasta más de la de la mitad del tiempo de la pena máxima de prisión, lo mismo en el caso de ex servidores públicos.
“Se trata de información privilegiada que pueda servir para que se cometa un delito o bien para entorpecer las funciones de seguridad pública de procuración o de administración de justicia e incluso de ejecución de penas”.
En la comisión también se aprobó castigar hasta con 8 años de cárcel para quienes cometan robo a mano armada.
Estos dictámenes serán enviados a la mesa directiva de la Diputación Permanente para que se le dé el trámite legislativo que corresponda.
