Guanajuato, Gto 06 de diciembre de 2019. La diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron un exhorto para que los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato realicen un descuento del 50% a los contribuyentes del impuesto predial cuando sean propietarios o poseedores de inmuebles y paguen el servicio de seguridad privada, el cual contemple el cuidado, resguardo, protección, vigilancia y custodia de bienes muebles e inmuebles.
Al dar lectura a las consideraciones del documento, el diputado Israel Cabrera Barrón indicó que la seguridad pública en los municipios estaba considerada como un servicio público que debía prestarse de manera directa, continua y permanente por parte del gobierno.
Sin embargo, aseguró, en la actualidad, la seguridad pública ya no era suficiente para ser considerada como un servicio público más, sino que era un elemento fundamental de la autoridad municipal, porque sin dicho pilar sería imposible gobernar, ni mantener la tranquilidad y paz social para su población.
Cabrera Barrón indicó que ante la ola de inseguridad que vive el estado, las personas de manera colectiva han tomado acciones como contratar servicios de seguridad privada con la finalidad de cuidar, resguardar, proteger, vigilar y custodiar sus bienes muebles e inmuebles.
“La incapacidad y la falta de elementos policiales ha propiciado que la ciudadanía tome medidas alternas para defender su patrimonio. Es decir, la seguridad privada en este caso está supliendo la falta de un servicio público que debe ser eficiente y con amplia cobertura”, enfatizó el congresista.
El legislador manifestó que las empresas de seguridad privada estaban supliendo de manera continua y reiterada las atribuciones que les correspondían a las corporaciones de seguridad pública municipal, y que las personas se veían obligadas a contratar servicios de seguridad privada, lo que les generaba un gasto extraordinario en sus fianzas.
En ese sentido, afirmó que su propuesta permitiría generar una compensación y equilibrio en el gasto de las personas que siendo propietarios o poseedoras de un bien inmueble y paguen el servicio de seguridad privada en la modalidad antes mencionada, se verían beneficiadas con dicho descuento.
Para hablar en contra del dictamen, hizo uso de la tribuna la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, quien señaló que se tenían que tomar medidas para que los municipios mejoren pero lo que no se tenía que olvidar era el ser responsables a la hora de aprobar algo o pedir algo concreto.
Afirmó que ya se había analizado en otros términos en la Comisión de Hacienda y Fiscalización, y que decir sobre eso era una facultad de los municipios y no se podía ir por encima de la Constitución.
También manifestó que en cada decisión que tomen debían ver los impactos financieros y en la vida de las personas; y para tomar acciones tenía que contar con números y que el predial era uno de los impuestos que más generaba recursos a los municipios para poder llevar a cabo diversas acciones.
Gutiérrez Campos indicó que la seguridad era un trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno y que los municipios cada vez se veían más castigados en los recursos federales que recibían, y que con este planteamiento se generaría un problema mayor.
La congresista Vanessa Sánchez Cordero habló a favor. Dijo que la propuesta no buscaba interferir en la autonomía de los municipios, sino que solo era un llamado para poner en la mesa el tema y que sean los ayuntamientos los que decidan si pueden dar esa facilidad o no a los ciudadanos.
Asimismo, refirió que los ciudadanos que pagan un servicio de seguridad privada realizan una contribución doble al cubrir un impuesto predial.
“Los municipios podrán decidir el monto, de acuerdo con sus condiciones, el ciudadano está dando doble contribución al pagar el impuesto predial. Ponemos en la mesa un tema que no debe dejarse pasar, se está responsabilizando al ciudadano y no debe ser así, el municipio debe proporcionarle la seguridad. No se le dará una instrucción al municipio, solo se le da la opción y pueden considerar si es viable o no”, dijo.
Para la propuesta se solicitó el trámite de obvia resolución, el cual fue aprobado. Al ser sometido a votación el punto de acuerdo no se aprobó, por lo que se procedió a su archivo definitivo.
