En noviembre de 2019, Carlos Ortiz, Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF), afirmaba: « cada megawatt (MW) de energía solar, que equivale a 3,000 paneles en el país, genera 20 empleos directos » que se convertirían en 29,000 puestos de trabajo bien remunerados para el año 2023 y 200,000 empleos para el año 2032, con inversiones por 4,000 millones de dólares, para ese mismo año.

La sustitución del 10% de generación basada en combustibles fósiles por energía eléctrica solar, permitiría a México la generación de 25,000 MW de capacidad instalada de energía solar fotovoltaica, disminuyendo los precios de la energía, manejando los picos de consumo y mitigando los riesgos de cortes de electricidad.

De acuerdo con datos de una incómoda Comisión Reguladora de Energía (CRE), a mediados de 2019, en 10 años México requerirá de 2.3 gigawatts de almacenamiento, para evitar distorsiones en la red eléctrica.

El Presidente López Obrador, en el último semestre del año anterior, envió al Senado ternas recicladas en diversas ocasiones para presidir la misma Comisión, mientras que el Senador de Morena y empresario minero, Armando Guadiana, promovió regresar al uso del carbón para la generación de energía eléctrica.

A principios de este mes, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicó una serie de medidas en las que suspende «las pruebas críticas y necesarias para nuevos proyectos de generación de energía renovable», retrasando la entrada en operación de 28 plantas eólicas y fotovoltaicas de manera indefinida, con el argumento de que «es necesario dotar de estabilidad al sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria, derivada de la pandemia de coronavirus».

Esta medida impactó directamente en 17 proyectos generadores de energía renovable que entrarían en operación en lo que resta de año, y 11 más para el año 2021.

La falta de certeza en la inversión internacional en México, evidenciada desde la cancelación del NAIM hasta la imposición contra Constellation Brands, una vez más se hizo presente. Sin embargo, esta vez el Embajador de Estados Unidos en México, Cristopher Landau, señaló que su administración se ha comunicado con el gobierno mexicano sobre este tema.

Enfatizó que aunque es responsabilidad de México como país soberano establecer las reglas de su mercado energético, el mensaje de los Estados Unidos siempre ha sido que deben seguirse, «independientemente de cómo los haya establecido o cuáles son».

Ya Jorge Guajardo, ex embajador de México en Beijing, profetizaba desde 2011 algún riesgo en el uso del carbón: «El 70% de la energía en China es a base del carbón. Mientras que el carbón ha aumentado (su precio) un 75%(,) el cobro de electricidad solo aumenta 15%».

La producción mediante carbón en China alcanzó su máximo en el año 2013, y ha descendido desde entonces. Recientemente, China canceló la construcción de más de 100 centrales de carbón, favoreciendo la instalación de energías renovables en su lugar.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), asegura que las medidas anunciadas por el Cenace son « para favorecer las actividades de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ». Sí, la que dirige Manuel Bartlett.

Mientras tanto, y también durante esta pandemia, el Gobierno Federal mexicano se ha empeñado en subir impuestos y exhibir los supuestos nexos con el narcotráfico del exPresidente Calderón, en una abierta intención de desviar la opinión pública ante los evidentes conflictos de interés de quien Carlos Loret se ha referido como el «clan Bartlett».

También, el día de hoy, se emite un decreto del Presidente por el que dispone del Ejército y Marina como fuerzas permanentes complementarías a la Guardia Nacional, otorgándole atribuciones para vigilar y detener personas, realizar operativos a nivel municipal y detener migrantes.

Es notable que la Federación no olvida que, en sí misma como Estado, posee el monopolio de la impartición de justicia. Tampoco recuerda que no se litiga en los medios de comunicación. Ni las consultas, ni las opiniones, ni la exhibición pronta de supuestos implicados en delitos —que ponen en riesgo los debidos procesos judiciales—, forman parte de su acción.

Los animales son los que hacen el circo.