Después del 6 de junio, no sólo habrá cambios en el mapa político, sino que estaríamos en la antesala de una peligrosa reconfiguración de la territorialidad e influencia de los grupos criminales que operan en nuestro país.

El 28 de mayo del año en curso, los diarios La jornada, Reforma y El Universal destacaron en sus primeras planas la suma de hasta entonces 34 candidatos en campaña asesinados presuntamente por el crimen organizado. El semanario Zeta contabilizó 563 agresiones de violencia política, con 88 víctimas entre candidatos, precandidatos, activistas o funcionarios, siendo los más significativos: 16 en Veracruz, 11 en Oaxaca, 8 en Guerrero, 7 en Guanajuato, 6 en Baja California y 5 en el Estado de México.

Hay cifras negras (no denunciadas) de secuestros, intimidaciones, amenazas y obligaciones a declinar o hacer campaña de brazos caídos en regiones del país tanto en el Bajío, Tierra Caliente, el noroeste o el sur-sureste, donde los grupos delincuenciales han puesto las reglas. Las autoridades ocultan los datos, se reservan, pero hay especial preocupación por aquellos candidatos que están siendo beneficiados por estas organizaciones y que alcanzarán un puesto de elección popular.

Para el sociólogo especialista en seguridad, José Morquecho, “una parte importante del fenómeno que ha emergido durante este proceso electoral: el asesinato de contrincantes políticos como método de sustitución como ha pasado en Oaxaca, Guanajuato o Veracruz”.

Es claro que el crimen organizado está operando en el proceso electoral 2021 y lo está haciendo para beneficiar a sus candidatos, para tener gubernaturas, ayuntamientos y hasta bancadas a nivel estatal y federal. Así de grave la situación que podría desencadenarse porque las instituciones de inteligencia preventiva no están operando y porque los partidos políticos no han hecho un examen autocrítico en la selección de sus candidatos.

Minimizando este riesgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “amarillismo” que se utilicen las agresiones por parte de los medios, y la titular de la Secretaría de Gobernación acotó que sólo 200 casillas de 166 mil que funcionarían no podrían ser instaladas (0.12 por ciento). Y precisó, “el mayor riesgo de gobernabilidad y al proceso electoral que hemos detectado desde el gobierno de la República, es, lamentablemente, la actividad de grupos del crimen organizado que pueden afectar y lastimar, incluso como lo hemos estado viendo, al extremo de privar de la vida a candidatas y candidatos”.

La circunstancia actual del país, sin embargo, indica que los riesgos no son sólo los asesinatos de alto impacto, sino la presencia pulverizada de los delincuentes que operan en todo el territorio nacional. Entre 1988 y 2000 operaban cuatro organizaciones criminales poderosas y pasaron a seis en el 2006, pero conforme avanzó la “guerra contra el narcotráfico” y se fueron descabezando hasta esparcirse en muchos grupitos que, según la FGR, en la actualidad operan 37 grandes grupos delictivos, con incalculable número de pandillas y sicarios intimidando poblados enteros.

Esta dispersión de células y la política de “abrazos no balazos” han tenido efectos como que el en 2020, la tasa de homicidios fuera de 27.8 por cada 100 mil habitantes, la novena tasa de homicidios más alta a nivel mundial, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano.

La violencia cotidiana no amaina, así se mantenga la política de no difundir más los hechos violentos ni presumir las acciones policiales o militares en detención de delincuentes. Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuya corrupción y falta de voluntad para atacar el crimen organizado, sin duda fueron parte del problema al desmantelar las instituciones de inteligencia preventiva y usarlas más para fines políticos que de criminología.

Pero la presidencia de López Obrador está pecando de los mismos errores de sus antecesores y no sólo no ha variado el camino de la militarización de la seguridad pública, sino que lo extendió a muchas tareas de la administración que era de los civiles. Aunque refundó el CISEN como Centro Nacional de Inteligencia y creó su propio “ejército” en la Guardia Nacional, además de supuestamente acotar la intromisión de agentes de la DEA en México, los vicios se mantienen y no se encuentra la fórmula de cómo abordar la hidra del crimen organizado. Se ha promovido conservadoramente la legalización de la marihuana y se evita entrar al debate sobre la amapola, lo que se pensaba iba a modificar la política de las drogas y de la seguridad pública.

En estas elecciones intermedias, con la renovación de 15 gubernaturas y más de mil 900 ayuntamientos, además de congresos estatales y el federal, sólo estamos registrando la violencia contra la clase política, no estamos considerando qué sigue y qué actores estarían surgiendo después de los resultados del 6 de junio.

En agosto del 2020 publicamos La delincuencia covid, ¿qué hacemos?, advirtiendo que “el ogro filantrópico del crimen organizado: los cárteles de la droga y el huachicol, siguen repartiendo despensas en varias regiones del país para ganar bases sociales que, aunque no se han visto están ya manifestándose bloqueando carreteras o protestando por detenciones”, así como operando redes de lavado dinero con el fin de financiar e incidir en el proceso electoral de este año.

¿Para qué sirve una diputación a un delincuente? Para obtener fuero, cooptar otros legisladores, armar una bancada con su propia agenda de intereses y mucha información de primera mano de cómo vendrán leyes que les ayuden o perjudiquen a sus organizaciones.

¿Para qué sirve una alcaldía, regiduría o ser concejal? Tener acceso a información privilegiada como datos de policías locales, de equipamiento de seguridad preventiva y hasta de fuerza, concursos de obra pública o servicios, además de poder interrelacionar con otros gobiernos locales ligados a la misma organización delictiva. Es decir, corredores municipales completos a su disposición.

No abundemos de los grandes beneficios que tiene que un actor ligado al crimen tenga una gubernatura, porque ya hemos constatado los expedientes de ex mandatarios de Quintana Roo, Tamaulipas o Nayarit, por citar los recientes.

Existe la duda de que López Obrador o alguno de sus funcionarios tengan el radar encendido para anticiparse a un escenario crítico si el crimen avanza en esta dirección, pues esa displicencia acabaría siendo descalificado por la comunidad internacional y principales socios que no dejan de acusar las debilidades institucionales del Estado mexicano.

Mientras tanto, habrá de sugerirle reforzar los órganos de inteligencia, con cuadros preparados profesional y éticamente, formados para servir al Estado mexicano no a causas políticas o a intereses particulares. Está a tiempo, y a tiempo también de evitar que varios de esos actores oscuros tomen una posición de poder político.

Contacto: feleon_2000@yahoo.com