Reza el boletín 588 del Instituto Nacional Electoral: “El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó por mayoría —seis votos a favor y cinco en contra— como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022”.

Y entonces, sin ir más a fondo en el comunicado, ardieron las redes, enardecieron los abyectos e incondicionales, celebraron los conservadores y todos se envolvieron en la bandera de la democracia y juraron morir por ella, aunque en realidad la están matando.

Continúa el comunicado del órgano electoral mexicano: “Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”.

Mucho ruido alrededor del dinero, cuando en realidad lo que hay detrás podría ser un juego perverso al que el INE se está prestando: el gobierno federal, los gobiernos morenistas estatales y municipales; su partido Morena; sus aliados PT, PES y PVEM, con todo el aparato de Estado, simplemente no lograrán juntar las firmas necesarias para que el procedimiento se lleve a cabo.

Es decir, los tiempos legales se acortaron y el 25 de diciembre, que es cuando se vence el plazo para que se junten más de 2 millones 700 mil firmas, nomás rebasaba apenas el 35 por ciento de las mismas.

¿Será acaso que Lorenzo Córdova y el gobierno federal están simulando un enfrentamiento y todo sea para ganar tiempo y evitar que fracase la Ley de Revocación aprobada en forma express por la mayoría morenista?

Pero esta razón no fue la expuesta por el Consejo General del INE, sino la solicitud de 3 mil 830 millones de pesos para poderla realizar, argumentando mayor presupuesto para su difusión, logística para capacitación e instalación de casillas, verificadores, visitantes extranjeros, entre otros rubros de nuestra costosa democracia.

Y hay que remarcarlo: nuestra democracia es muy cara porque los partidos políticos han sido los que han usado al IFE y ahora INE como negocio, pero, sobre todo, porque se reconocen ser muy tramposos, corruptos y poco serios.  No es casualidad que nuestro modelo democrático, plasmado en las leyes y reformas, haya sido parido a partir del principio de la desconfianza: sí, desconfianza a las mañas de sus candidatos, a los resultados desfavorables, a las impugnaciones, a la mano negra del crimen de cuello blanco y crimen organizado, a la intromisión de los gobiernos, al desequilibrio de tiempos en medios tradicionales y digitales y desconfianza a la voluntad ciudadana que simplemente les pone el freno con un simple sufragio.

Nuestra democracia comercial representa un mega negocio para partidos y dirigentes, legisladores, asesores y sobre todo, políticos asociados directamente o de facto con consultores, mercadólogos, encuestólogos, CM para redes sociales, constructores y destructores de imagen pública, capacitadores y mapaches que acarrean y compran el voto.

El debate sobre la postergación de la consulta de la revocación presidencial es muy ruidoso, poco claro de quién tiene o no la razón y los ciudadanos están atrapados en un bombardeo de descalificaciones Por ello, hacemos un contrapunteo entre que se dice y lo que no se dice de esta polémica.

Para empezar, no se ha cancelado ninguna consulta, el INE solicitó a la Suprema Corte intervenir al respecto, lo cual hizo, y determinó que para concluir sobre la suspensión debería conocerse si se alcanzarán las firmas o no para convocar a la Revocación de Mandato, por lo que en un “acto incierto” no se puede discutir una controversia sobre el presupuesto del INE. Esta se discutiría en caso de alcanzarse las firmas. Y en este terreno, muchos están mintiendo, timando o tratando de confundir a los ciudadanos.

¿El INE viola la democracia o son los legisladores aliados de la 4T los que están forzando a cumplir un ejercicio que debió partir de los ciudadanos? La misma Ley de Revocación de Mandato establece con claridad que “es el instrumento SOLICITADO por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza”. Entonces, es claro que aquí, al venir como instrucción presidencial, los ciudadanos apenas son tomados como instrumentos de la alianza de partidos en el poder.

¿Qué pasó con la ley, sus tiempos y recursos públicos? Aquí hay varias minucias, porque la mayoría de los legisladores aliados alrededor de la autollamada Cuarta Transformación tuvieron tres años, el tiempo suficiente para impulsar dicha legislación y su reglamentación, pero no lo hicieron y se aprobó muy forzadamente apenas pasado el proceso electoral de este año. Más aún, en este tiempo que tenían mayorías apabullantes en el Congreso no impulsaron ninguna reforma política que modificara la composición y el altísimo costo de nuestro sistema democrático y redujeran los salarios de los integrantes del Consejo General del INE y todos los funcionarios que, dicen, ganan más que el presidente.

Sin duda, los mecanismos de democracia directa serán de los grandes legados de Andrés Manuel López Obrador para dar un brinco cualitativo en la política nacional, pero si este tipo de ejercicios sólo son simulaciones para justificar sus decisiones, sus instrucciones y sus caprichos, es contradictorio y nada democrático. Ahí se están equivocando.    Ahora, la anticipada treta de que “el pueblo” sea quien o organice la consulta es más tramposa que todo lo anterior, porque “el pueblo” es un ente ficticio que sólo habita en el discurso político de la clase política cuando les conviene.

Demasiado ruido alrededor de la Revocación de Mandato ha servido para que el Instituto Nacional Electoral sea objeto de un linchamiento absurdo, cuando lo que debería buscarse es su fortalecimiento, el acotamiento de la partidocracia que es la que manda ahí en su Consejo General, es decir, todos los partidos políticos con registro.

En febrero se dará a conocer si se obtuvieron las firmas necesarias para convocar a una Revocación de Mandato, luego se determinará una controversia en la SCJN relativa al presupuesto y se harán los ajustes necesarios para su convocatoria/realización o no.

Mientras tanto, así como se pide a los partidos y dirigentes sean más responsables en sus declaraciones, es conveniente que se haga una revisión del protagonismo de sus principales consejeros, quienes ya están más allá de sus facultades, y quizá se estén prestando a un juego en el que ellos van a perder, porque lo primero era evitar pronunciamientos de cualquier índole y evitar envolverse en el tema de los gastos.

Federico Berrueto, quien no es precisamente un lopezobradorista, apuntó en uno de los blogs donde publica una pregunta importantísima y una sugerencia: “¿El Instituto Nacional Electoral no puede reestructurar sus finanzas para poder pagar la consulta de revocación de mandato? ¿En serio no? ¿Por qué no? ¿Acaso por compromisos indestructibles con toda clase de proveedores? Se investigará, no hay duda”. Por lo cual, sugiere que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama deban de renunciar.

Y pues quizá sí, para salvar al INE y su continuidad sí deba atenderse esta sugerencia y que se dediquen a la política activa. Por ahora, la situación es que todos los actores alrededor de esta polémica parecen odiar el respeto a la ley, al diálogo político y un profundo odio a la democracia.

TAMBIÉN CONTRA EL INEC Y LA CONABIO

Las instituciones ambientales como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ahora en la mira de la Federación para que desaparezcan, son vistas por la autollamada “Cuarta Transformación” como innecesarias y caras. Lo mismo intentó hacer en 2018 con CONABIO pero se enfrentó a un verdadero profesional como el ex rector de la UNAM José Sarukan.

El INEC y el IMTA, tan importantes para la calidad de vida de los mexicanos como las estrategias y acciones para enfrentar y adaptarnos a la crisis climática en todo el país o en el caso del IMTA, medir e informar de la calidad del agua de ríos, cuencas, subsuelo, hasta las tarifas, la capacidad de gasto, de saneamiento; la calidad del agua que tomamos y con la que nos bañamos. Nada fácil y muy necesaria la operación de estas instituciones que tienen tres defectos para AMLO, 1. Haber sido creadas por los «neoliberales». 2. No entender su funcionamiento. 3. Sus titulares no han sabido hacer valer acciones de sus resultados para aplicarlos en la población, a través de los gobernantes de cada estado del país. Por eso resulta fácil desmantelarlos y desaparecerlos. Nadie los va a extrañar porque nunca supieron informar públicamente para qué servían, comenta nuestro buen amigo Sergio Flores.

Contacto: feleon_2000@yahoo.com

Twitter: @FelipeLeonLopez