Guanajuato, Gto. El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, informó que en los dos años de pandemia más de 800 escuelas fueron vandalizadas, robadas y en algunos casos se registraron daños estructurales graves, por lo que se requirió invertir 300 millones de pesos.
Detalló que las atenciones fueron para mantenimientos ordinarios en los planteles, pero también para atender las cuestiones extraordinarias, principalmente por los hurtos y daños estructurales.
Sobre el tema de los robos mencionó que la cifra disminuyó con la implementación del programa piloto en 2021, pues poco a poco los alumnos empezaron a regresar a los salones de clases.
Sobre los municipios en donde más se registra la mayor incidencia de daños a las instituciones educativas, Hernández Meza dijo que principalmente es en los ubicados en el corredor industrial.
“Sobre lo que se robaron fueron muy democráticos se llevan todo sin distingo era absurdo, pero entraban y se llevaban una pieza específica de metal de los muebles de baño y para ello tenían que destruirlo todo para llevarlo, obviamente si había electrónico lo tomaban pues es lo más vendible, pero también se llevaban cosas más sencillas como material educativo”.
El secretario de Educación comentó que en su momento los directivos de las escuelas realizaban las denuncias, sin embargo, se volvieron un flanco débil pues permanecían solas por 24 horas, por lo que en cualquier momento los delincuentes aprovechan para entrar.
Sobre las 51 escuelas que no regresaron el siete de marzo en su totalidad a las actividades presenciales, por diversas deficiencias, informó que actualmente solo son 18 las que todavía falta por atender para que abran sus puertas.
“Las que tienen fallas mayores por el tema estructural estamos buscando sedes alternas como aulas móviles y con ello no se detenga el proceso educativo”.
Sobre las sedes alternas, Jorge Enrique Hernández recordó que se cuentan con 30 aulas móviles entregadas por el gobierno federal, y si se requiere se pueden hacer convenios con los municipios y asociaciones civiles para usar otros espacios públicos con tal de que no se detengan los estudios de los jóvenes y niños.
