Guanajuato, Gto. El abogado Roberto Saucedo Pimentel y la activista Iovanna Rocha acusaron a la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, de alargar el proceso de paternidad y pago de manutención de dos menores de edad por casi dos años.
El abogado y activista señaló que la tardanza se puede deber a que el presunto padre es el dueño de una televisora de cable local, motivo por el que sostuvo, que a pesar de que el juicio por reclamo de paternidad biológica, comenzó en febrero de 2022, en el expediente F/96/2022, y después en el expediente F/415/2022, está sin avances desde entonces.
En la rueda de prensa en la que estuvo presente la madre de los demandantes, Saucedo Pimentel sostuvo que el proceso prácticamente no se ha movido por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes del estado de Guanajuato.
“Lo que es preocupante es el poder que tiene el demandado, pues tiene un poder económico muy grande, es el dueño de un medio de comunicación, esperemos que las autoridades en este caso la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes haga bien su trabajo y no esté demorando más el caso”, sostuvo el abogado.
El abogado detalló que el juez del Juzgado Familiar recibió la demanda y determinó que los afectados serían representados por el Estado, a través de la Procuraduría de Protección a los Niños y Adolescentes, por lo que una abogada de la dependencia aceptó el cargo, es decir desde el 2022, pero no hay ningún avance en el caso.
Al respecto, la activista Iovanna Rocha Cano, mencionó que el caso tiene características condicionantes que no se deben perder de vista, pues podría tener cuestiones de poder, que puede ejercer el presunto responsable.
“Como este caso, hay varios en el estado, los agresores se escudan en el poder que tienen porque saben que es motivo de intimidación hacia sus víctimas, por eso estamos solicitando que las autoridades trabajen como debe ser, como lo obliga la ley”, dijo Rocha Cano.
Por último, la activista coincidió en el reclamo principal, contra la Procuraduría de Protección a los Niños y Adolescentes del Estado, por la opacidad que ha mostrado ya que también podría haber otros casos similares, en los que no se han atendido apropiadamente y que benefician a los infractores.
