Tiempo de elecciones, tiempo de campañas sucias, tiempo de demonios sueltos y tiempo de las nuevas herramientas de la propaganda, los fake news, los deep fake, la inteligencia artificial, trending topics inflados por troles y bots, y otras manías y palabrejas que hemos ido conociendo durante el actual proceso electoral. Aquella época de los fotomontajes, photoshops y articulación de notas falsas para descalificar al adversario quedo en cosa de niños. Actualmente, lo previsible y probable en materia del efectismo psicosocial como instrumento de campaña electoral quedó rebasado porque, como reza un dicho tabasqueño, hay mentiras que se inventan por la mañana y por la tarde se comprueban.

Sí, hay mucho ruido, mucha desinformación, oportunismo y provocaciones propagandísticas. Sin embargo, lo que no deja de ser preocupante es lo que establecimos en nuestro análisis de riesgos políticos del 2024 y nos referimos a la narcoviolencia, porque, por más que se niegue, sí está interviniendo de manera abierta frente a nuestros ojos. Ocurre en Guerrero, en Chiapas, Michoacán, Veracruz, Morelos, Guanajuato y muchos estados más donde el crimen está “limpiando” el camino para que renuncien o sean asesinados candidatos que no son de su agrado o no se han alineado.

Al momento de escribir estas líneas habían sumado 46 quienes han abandonado sus candidaturas por miedo, siendo 34 de Michoacán, donde al menos cuatro organizaciones delictivas se disputan el territorio. En lo va de diciembre a la actualidad, son al menos 125 agresiones a candidatos y 46 asesinatos de septiembre de 2023 al 24 de marzo del año en curso, según Laboratorio Electoral.

El 24 mayo de 2021, cuando se advirtió que el 2024 podría ser el año electoral más violento en la historia, los diarios La Jornada, Reforma y El Universal destacaron en sus primeras planas que eran 34 los  candidatos asesinados en campaña por el crimen organizado. El semanario Zeta, por su parte, en ese entonces contabilizó 563 las agresiones de violencia política, con 88 víctimas entre candidatos, precandidatos, activistas o funcionarios, siendo los más significativos: 16 en Veracruz, 11 en Oaxaca, 8 en Guerrero, 7 en Guanajuato, 6 en Baja California y 5 en el Estado de México.

Falta un buen tramo para que el año político concluya y la incertidumbre de si estamos en el periodo electoral más violento de la historia se cumpla o quedemos cerca de los hechos ocurridos entre 1993 y 1994.

El panorama de violencia suelto en los últimos días ha soltado una vez más y como suele suceder en nuestro querido México, a los conspiracionistas. Del lado del oficialismo, por supuesto, todo es un gran complot de las derechas que, ante su inminente derrota, quieren descarrilar el proceso electoral e incendiar al país o, como lo denunció AMLO replicando a sus pseudo analistas se aseste un “golpe de Estado blando”. Y las posturas del frente opositor creen que se está gestando la praxis de la “teoría del pánico moral”, esa que sugiere que todo está orquestado por el equipamiento de poder del Estado/gobierno/partido para generar miedo y que se neutralice el avance de las oposiciones para que no voten y por ello podría utilizarse a las fuerzas armadas para intimidar y controlar cualquier brote de violencia social so pretexto de la violencia criminal.

En México lejos estamos de que haya una injerencia ideológica del crimen porque éste no tiene militancia ni ideología. No estamos en un capítulo de la serie “El Patrón del Mal” de la cadena Caracol, que trata de la vida del jefe del Cártel de Medellín y que se ufanaba de haber sido escrita con base en diálogos y testimonios de personajes que vivieron junto al capo, en un pasaje Pablo Escobar Gaviria le escupe a su primo que más allá de su vida delictiva, él era un convencido de que era de izquierda; que desde joven fue un estudiante comprometido y simpatizante de las causas de la izquierda, con el marxismo, con las guerrillas e incluso, por ahí también se desliza en dos ocasiones la promoción para la independencia de Antioquia, porque “la región tiene todas las riquezas para salir adelante”. En respuesta, hubo quienes lo llamaban el “Robín Hood de Antioquia”, como la revista Semana, una de las más importantes de Colombia. En nuestro país, quienes ven en los capos del narco algo similar se equivocan.

El crimen sí está interviniendo y decidiendo en las elecciones, mas no por razones ideológicas o compromisos con sus bases de apoyo, sino por el control de las rutas y zonas de excepción. “La rata nos pasa por enfrente y no la vemos”, dicta un dicho popular y es que mediante amenazas y ejecuciones son sus métodos para limpiar el camino a quienes podrían ser sus candidatos. Eso ocurre en la Montaña y la Tierra Caliente de Guerrero, donde las organizaciones criminales han dejado libre camino para que cuadros queden como representantes populares. En Michoacán las condiciones no son diferentes.

El riesgo es tal que ya comienzan a deslizarse ideas de que si las condiciones para el 2 de junio no son idóneas y garantizan la seguridad para funcionarios de casillas, representantes partidistas, candidatos y sobre todo, los ciudadanos comunes, el ejercicio democrático del sufragio tendría que suspenderse.

No es poca cosa, porque los estados en llamas son Chiapas, Guerrero, Morelos, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato y Sonora. El panorama es terrible porque hay una ausencia de instituciones que garanticen la gobernabilidad.

En Pantelhó, Chiapas, ya se anunció que no habrá comicios en las comunidades porque que ya cuentan con autoridades elegidas por ellos mismos, sin necesidad de ser reguladas por los organismos electorales. A esta lógica anuncian otras localidades de la entidad y de Oaxaca seguirán por la misma ruta. ¿Pero qué pasaría si estados completos deciden suspender la jornada electoral?

Peor aún, el tema se ha vuelto tan visceralmente electorero que un senador de la República y padre de una de las gobernadoras amenaza, chantajea y extorsiona políticamente a los mandatarios de partidos de oposición que siendo su partido mayoría las desapariciones de poderes podrían proceder no contra su hija sino contra sus gobernadores. Y así pasó, ya está en ciernes el proceso de desaparición de poderes en Guerrero y en Guanajuato; partidizando la seguridad de los ciudadanos. Inaudito, inmoral, inaceptable y nadie atina a llamar la atención y poner orden.

Los tres niveles de gobierno están fallando. No hay gabinete de crisis, de análisis de riesgos y seguridad durante el proceso electoral y sí lo hay, se desconoce porque los problemas suben de nivel y nadie responde. Ni la titular de Gobernación, ni los mandatarios estatales y menos los municipales hacen su trabajo. Las candidatas presidenciales y los principales aspirantes al cargo de elección popular, deben hacer un llamado urgente para que sus partidos, dirigentes y los propios funcionarios de los tres niveles de gobierno, congresos federal y locales tengan que cerrar filas y tomar en serio el desafío del crimen a la gobernanza democrática del país, tanto para el cierre del sexenio como para el arranque de quien triunfe.

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