Una vez pasado el segundo debate chilango, hay que poner las cosas por su nombre: la disputa por la Ciudad de México es más compleja y determinante de lo que se cree, porque en juego están dos modelos de metrópoli para los próximos años y no se limita sólo a un sexenio ni sólo para la capital del país, porque el peso de los intereses políticos, económicos y sociales detrás, tanto nacionales como internacionales, saben que se determina en gran medida la correlación de fuerzas político-ideológicas entre el neoderechismo y el progresismo.

Es la disputa por una ciudad de derechos que, bien o a medias, se ha venido construyendo desde 1997 y por una propuesta de ciudad como la han orientado las derechas modernas en varias partes del mundo. Este debate y disputa pasa también en las metrópolis y países de Brasil, Argentina, España, Francia, Suecia, Italia y los Estados Unidos, entre otros.

¿Pero qué significado tiene este dilema que deben elegir los chilangos el 2 de junio próximo que creen que sólo es cambiar de administrador? Nada de eso; se trata de proyectos y visiones distintas de cómo resolver los graves problemas de desigualdad social, tejido social, organización comunitaria, gobernanza, economía familiar y social, seguridad pública; en resumen: cómo entendemos nuestro entorno, nuestra convivencia y sobre todo forma de encarar las soluciones. Es una disputa política, ideológica y social, entre dos polos que han sido probados como gobierno.

Veamos qué trae Clara Brugada, que por lo leído en su propuesta de Carta de la Ciudad, su proyecto se sustenta en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas” a través de la oficina Hábitat es la cual establece las bases para los nuevos derechos urbanos. Es “una hoja de ruta que busca la paz, erradicar la pobreza y propiciar el desarrollo de la humanidad”. En ella se establece una visión correspondiente al “derecho a la ciudad: ciudades para todos, con un uso y disfrute equitativo, inclusivas y asegurando que sus habitantes y las generaciones futuras, sin discriminación de ninguna especie puedan habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, sostenibles y democráticos”.

En la Ciudad de México desde que ganamos la posibilidad elegir a nuestros gobernantes el proceso de democratización y conquista de derechos para todos ha permitido el avance del llamado pensamiento progresista. El arribo de Cuauhtémoc Cárdenas fue una victoria democrática ante las resistencias del PRI en reconocer nuestros derechos políticos. ¿Ya se nos olvidó que los viejos priistas y algunos panistas regatearon y ningunearon este proceso democratizador para que siguieren imponiendo regentes a capricho del presidente en turno?

La democratización y el progresismo de la Ciudad de México implicó que el país se moviera más rápidamente al fin del partido casi único, que hubiera mayor pluralidad en los congresos y que la alternancia en el Ejecutivo federal tuviera efecto en el 2000 y que en 2018, por fin, un movimiento más orientado a las izquierdas pudiera ganar la presidencia de la República. Pero más que eso, en la capital del país, contra los vientos de la moral virreinal, se fueron abriendo espacios y libertades: libertad de pensamiento y asociación; libertad de expresión, difusión y manifestación; de unión de personas del mismo sexo; derechos sociales sin regateos: pensión para adultos mayores, apoyos a estudiantes y madres solteras; de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; a la movilidad; a crear economía social; a tener un medio ambiente más sano; una ciudad santuario para migrantes y para darle asilo a los perseguidos políticos y posibilidad de crecimiento. Claro, se han reconocido ya en la Constitución de la CDMX como derechos humanos a la educación, a escuelas dignas, a  la vivienda, a la salud, a la energía eléctrica, a la conectividad y al trabajo, entre otros, pero los cuales requieren un esfuerzo adicional.

Siendo México y la capital tan contrastantes en su población, con la más profunda desigualdad social que ha sido casi natural que la mayoría dé su voto a las izquierdas partidistas. Primero al Frente Democrático Nacional, luego al PRD y ahora retransformado en su mayoría en Morena los que encabezaron dichos gobiernos y es el proyecto que desea continuar Clara Brugada Molina, pero ahora bajo la oferta de convertir a la CDMX en la capital continental de los “derechos sociales y libertades”.

En el otro lado está el modelo de ciudad que promete Santiago Taboada fundamentando sus ideas en el reforzamiento de las instituciones democratizadoras (Estado de Derecho, transparencia y rendición de cuentas); otros copiadas de organizaciones sociales izquierdistas (“comunidades solidarias” o “Agua para todos”) y unas más sobre el manejo de la percepción de seguridad y el nivel de competitividad económica de la demarcación que le tocó encabezar por seis años. Un híbrido ideológico-partidista el diseño de las ofertas que ha venido trazando, sin duda para jalar hacia su candidatura la simpatía de quienes se identifican con la izquierda pero que están decepcionados de Morena, sin embargo, queda la duda de si será otro Fox que busca el “voto útil” sin haber demostrado en su paso por la Benito Juárez que esas ideas las haya puesto en práctica.

El discurso y las propuestas van dirigidas a jalar el segmento de los desencantados de Morena, ubicados entre a los jóvenes, las mujeres y quienes tienen en su agenda los derechos de las Infancias y de adultos mayores. Un punto de interés ha sido su constante llamado al colaboracionismo de la iniciativa privada y a los sectores que se sienten vulnerados en el espacio público, a quienes ha ofrecido seguridad jurídica y derechos sociales. Y esto último nos podría poner en alerta, porque no se dice, pero basta con conocer los lugares donde alcaldes emanados del PAN han gobernado y limitado ciertas expresiones sociales (manifestación, expresión artística, ambulantaje y acotamiento a la economía social) y se ha recurrido a las figuras de concesiones de servicios desde basura al agua potable y alcantarillado (la privatización, de la que se les acusa), además otros fenómenos como la gentrificación (desplazamientos poblacionales por asuntos económicos) y segregación residencial (zonas privadas sin permitir la cohesión social), elevando el costo por vivir ahí y la atomización de sus pobladores (ricos y pobres, en un ambiente que no favorece a la recomposición y concordia social).

Por supuesto, esas ofertas ya hicieron conexión con las clases medias y altas, además de reforzar su identidad con quienes quisieran una ciudad más “moderna”, aunque más elitista y con “derechos de admisión” para vivir en ella. “Si quieren vivir aquí, deben pagar impuestos para ello”, sentenciaba Margaret Thacher a quienes buscaban acomodarse en su país para estudiar, trabajar y asentarse.

En algunas metrópolis donde las derechas ha ido recuperando el poder se han observado tendencias a las tareas policiales y cero tolerancia a los infractores, a las manifestaciones, a los bloqueos y ocupación de los espacios públicos, regresión al darle preferencia al uso del automóvil, como ocurre en España, donde al menos seis ciudades gobernadas por el Partido Popular (derecha tradicional) y Vox (ultraderecha) han eliminado ciclovías, además de retroceder en materia de paridad de género en sus concejalías y promover regresiones en derechos sociales que impulsaron los gobiernos progresistas.

Estas acciones, por ahora, son una incógnita con Santiago Taboada, pues hasta ahora sólo se perfila buscar la jefatura de Gobierno como paso previo a la reconstrucción de los grupos políticos que tuvieron la presidencia en los años anteriores al 2018. En caso de que ganara, en los términos que ha venido tejiendo políticamente: ¿Podrá domar a una ciudad tan rebelde y tan demandante como la nuestra sin usar la fuerza pública ni la imposición de medidas antipopulares?

La Ciudad de México está en la etapa más crítica para los gobiernos de corte progresista, en donde se observa el desgaste natural de 27 años de gobierno, con un cúmulo de asuntos  pendientes de resolver y defectos que corregir, pero también con muchas acciones de políticas públicas que han impactado positivamente a todo el país, pues de aquí se han exportado e imitado. Sí, también hay que apuntar que los gobiernos perredistas y morenistas han dilapidado mucho el apoyo social que acumularon, repitiendo en gran parte las prácticas políticas del repudiado PRI, ahora tienen la oportunidad de rectificar y recuperar la confianza de todo el espectro de habitantes de la capital del país.

Aunque sería difícil pensar que alguno de los aspirantes a jefe de Gobierno  eche atrás lo alcanzado en estos 27 años, los ciudadanos estamos obligados a defender y a exigir que lo bien hecho se mejore y lo que falte se cumpla. En resumidas cuentas: Ni un paso atrás.

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