Después muchos días malos, el pasado fin de semana fue positivo para Acapulco, luego de la tercera visita y segunda vez de recorrido a pie que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum. Tanto así que, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, en emotivo mensaje le agradeció esta constancia y amor al puerto turístico: “Abrazo de corazón todo ese amor, toda esa ayuda para Acapulco. Sin usted no hubiera sido posible que, a tan solo un mes, hoy Acapulco tenga agua, hoy Acapulco tenga sus calles liberadas, hoy Acapulco tenga paso para ir al relleno sanitario”.
En el mismo día, el recién nombrado subsecretario de Turismo federal, el ex dirigente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, ungido como responsable del rescate de la “industria sin chimeneas” y uno de los motores de la economía nacional, se comprometió a recuperar el brillo de Acapulco con cinco ejes fundamentales para atender: infraestructura, seguridad pública, atracción de inversión privada, agua potable y limpieza de la bahía. El enfoque, parece lógico, pues es lo que se ha demandado.
El paso de “Otis” arrasó con la mayoría de los comercios y actividades de la economía social, del que dependen miles de familias pobres en el puerto. Según las asociaciones de hoteles, fueron más 80 por ciento los afectados en gran o menor medida, y por ahora menos de la mitad han logrado reparar sus daños. Según datos oficiales, las pérdidas fueron de más de 16 mil millones de dólares según la calificadora Fitch Rating.
El gobierno de la República con Andrés Manuel López Obrador inyectó 35 mil millones de pesos (mil 733 millones de dólares). Es decir, apenas un 10 por ciento de lo que requería para resarcir las afectaciones a antes del huracán “Otis”. Para los ejes trazados por el subsecretario Ramírez se anunció una inyección extraordinaria de recursos: 7 mil 700 millones de pesos para atender los daños del huracán “John” del 2024 y los que dejaron de “Otis” del 2023.
Aunque insuficientes, el anuncio es positivo porque nuestros polos turísticos como Acapulco, Los Cabos, Cancún, la riviera Maya, Vallarta, Puerto Escondido, Mazatlán, además de ciudades coloniales y pueblos mágicos, entre otros, enfrentan diversos y graves problemas, todos muy comunes ocasionados por daños de infraestructura carretera, seguridad pública, falta de inversión privada y dotación de servicios de calidad.
Pero la situación va más atrás. La pandemia de la COVID-19 de 2020 y 2021 arrojó caída de la ocupación hotelera de 53 y 26 por ciento respectivamente, algo así como 80 millones de visitantes. El golpe de la crisis sanitaria mundial tuvo el primer impacto en el turismo de Acapulco, dado el cierre de hoteles, restaurantes y clubes, además de cancelaciones de cientos de eventos.
Ni qué decir del crimen organizado transnacional en zonas turísticas, pues las mafias locales, nacionales e internacionales asedian todo el tiempo todas las zonas de esparcimiento, disputándose el control y venta de alcohol, de drogas, de la trata de personas y el cobro de piso. En 2023, sólo por la ola de violencia, hubo alrededor de 73 mil cancelaciones en Acapulco, según la revista Forbes México; más los 12 mil turistas afectados por “Otis”.
Y es que las costas, es decir los destinos de playa en nuestro país sean del Golfo de México, del Caribe o del Pacífico, como hemos reiterado en muchas ocasiones, son víctimas del cambio climatológico mundial, generando desastres de infraestructura y fuentes de empleo y nuevos tipos de migraciones a una población que busca reacomodo en otra vocación económica para la que fue formada.
El saldo que han dejado los huracanes “Otis” y “John” en Acapulco, someramente calculado por autoridades locales, son seis zonas de desastre, con más de 162 mil viviendas afectadas (de las cuales 50 mil son pérdidas totales), casi medio millón de personas damnificadas, que sufrieron el desbordamiento de 76 ríos y arroyos, 15 vialidades afectadas, 9 puentes colapsados, más de 60 socavones y muros derrumbados, y la infraestructura hidráulica dañaba para oscilar entre el 25 y 50 por ciento de su capacidad para abastecer agua potable a la población.
Pero, las desgracias no vienen solas y la mala política termina por ser más dañina que todos los anteriores. Nos referimos a la corrupción, la opacidad, la simulación (de militares, funcionarios públicos federales, estatales y municipales) la pillería y la mala grilla política (no política de altura) terminan siendo un problema más a la larga cadena de males. Veamos: el año pasado, contra toda lógica, se eligió al senador Félix Salgado Macedonio, padre de la mandataria estatal Evelyn Salgado Pineda y aspirante eterno a la gubernatura (lo que ya significaba un antiético conflicto de interés) para que fuera el comisionado de la reconstrucción de Acapulco, pero hasta ahora nadie sabe cómo y en qué gastaron más de 36 mil millones de pesos (de los 62 mil millones comprometidos) para atender los daños del Huracán “Otis”.
El problema es que Salgado Macedonio está más ocupado en proyectarse como “el líder y salvador de Acapulco”, administrar la crisis en Guerrero aunque le pese la mala imagen a su hija y en el puerto, donde han sido constantes las acusaciones orquestar campañas contra la alcaldesa, con el fin de avanzar hacia la gubernatura.
Aunado a lo anterior, el nuevo subsecretario de Turismo federal declaró a Canal Once que “Acapulco es un gran destino turístico, pero los gobiernos conservadores nunca invirtieron en él», como si se tratara de partidizar la responsabilidad, cuanto más que el PRD guerrerense, transformado mayoritariamente en Morena, de 2005 al 2015 gobernó Guerrero y desde 1999 ha tenido casi todas las presidencias municipales del puerto bajo el dominio de los perredistas-morenistas. O sea, aunque sus correligionarios han sido corresponsables primero quiere partidizar, grillar y desinformar antes que asumir su papel de funcionario federal con alta responsabilidad en una de las tareas prioritarias de la presidenta Sheinbaum Pardo.
Acapulco enfrente la falta de una estrategia y coordinación entre los tres niveles de gobierno para diseñar y poner en marcha el plan integral de recuperación, transparentar el manejo de todos los recursos públicos, de la ayuda nacional e internacional (no sólo por medio del INAI, sino de un comité ciudadano de seguimiento que verifique que la ayuda sí llega a los damnificados), así como para contener y revertir las acciones de los grupos criminales organizados en esta emergencia, pues fueron los primeros en aprovechar la descoordinación.
Por todo lo anterior, sería muy positivo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomara cartas en el asunto en los siguientes rubros: 1) Se proceda transparentar en el manejo de los recursos ya entregados, 2) Ponerle fin al conflicto de intereses políticos entre los funcionarios y políticos activos en la crisis de Acapulco, y 3) Establecer a Acapulco como sede del análisis a fondo de cómo enfrentar las crisis alrededor del sector turístico en México, en especial, de los cambios climatológicos.
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