De Sinaloa a Chiapas, pasando por Michoacán y Guerrero, el sello distintivo de sus gobiernos estatales es la descomposición del tejido social de sus habitantes, el descontrol y su ausencia de autoridad, rebasada por el crimen organizado del que son cómplices u omisos. Pero es en Chiapas donde, desde hace dos años, la luz de alerta está en un rojo intenso amenazando con escalar a otro nivel.
El crimen contra un prelado de la iglesia católica, el padre Marcelo Pérez, adscrito a la diócesis de San Cristóbal de las Casas no puede ser un homicidio más, al que se han ido sumando con gran alarmismo en estos primeros días de la presidencia de Claudia Sheinbaum, porque además de ministro religioso es indígena, activista social y promotor de la paz. No formaba parte de esa la clase política, a la que también han estado matando, como si se quisiera anticiparse algún homicidio de mayor impacto nacional.
El crimen contra el padre Marcelo Pérez Pérez no puede ser tratado igual porque la situación que priva en la entidad no es nueva y no le es ajena a la primera mandataria, pues a dos días de iniciar su mandato seis migrantes fueron asesinados a tiros por miembros del Ejército sin que, hasta ahora se conozcan resultados de las pesquisas. Más atrás, en abril del año en curso, siendo candidata, en la salida a Motozintla un grupo de encapuchados la retuvo en uno de los tantos retenes que hay en la zona de Comitán a Tapachula.
Este día, y quizá durante varios más, el grito de “Alto a la guerra en Chiapas”, “alto a las hostilidades al EZLN” acompañarán varias de las primeras protestas callejeras que ocurrirán en muchas partes del país, especialmente alrededor la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, para exigir el ceso a las hostilidades contra las comunidades zapatistas, porque más allá de que se trate de un prelado de la Iglesia católica, lo que ya genera un conflicto con la mayor de las iglesias en México, el padre Marcelo era un activista de los derechos humanos, reconocido por grupos del magisterio disidente, organizaciones sociales de izquierda y las ONGs que operan en Chiapas desde hace más de tres décadas.
Más de un año que muchas voces y plumas han elevado la voz pidiendo atención a lo que está sucediendo en Chiapas. En junio del año pasado, aquí expusimos que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), una vez más, había reactivado sus movilizaciones y llevó a cabo la jornada global de protesta al exigir el cese a la guerra contra sus comunidades.
El 22 de mayo de 2023, en las localidades de Moisés y Gandhi, en Ococingo, comunidades de Frontera Comalapa, sufrieron embestida violenta de las pandillas vinculadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que, como en otras partes del país, realizan levantamientos y reclutamientos forzados de jóvenes, despojos de tierras e instauración de un “estado paralelo”, que les cobra derecho de piso y todas sus actividades de economía social.
Más de un año después, la situación ha empeorado y los vientos de “guerra civil”, que parecían exagerados y hasta de consigna más política que real, en este momento parece irreversible si no se interviene con prontitud, eficacia y determinación de llevar a cabo una política de Estado de largo plazo.
Los grupos delictivos que operan en la entidad, llámese Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel Chamula, células de la Mafia China y traficantes de indocumentados provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala y de Venezuela y Argentina, tienen asolada a la población, generando desplazamientos forzados, terror y muerte entre las comunidades más pobres.
Como se ha reiterado en este espacio, en tres años han surgido al menos cuatro grupos autollamados de “autodefensa” contra los cárteles de la droga que se disputan el territorio chiapaneco. Desde 2021 se han visto circular en las redes sociodigitales videos de “columnas guerrilleras” afines al zapatismo, pero también de probables “narcoguerrillas”, bajo el mote de autodefensas en los municipios de Altamirano, Chenalhó y las comunidades de Simojovel y Pantelhó.
Amplias zonas de la entidad han sufrido el desplazamiento forzado y una migración a Guatemala de población indígena chiapaneca en situación de pobreza, dejando sus territorios en manos del crimen, de políticos verdes, morenistas y petistas, de empresarios y ganaderos de oscuros intereses.
Y en medio de esta guerra de cárteles contra indígenas zapatistas, llega el relevo del cuestionadísimo Rutilio Escandón por Eduardo Ramírez, el verdemorenismo chiapaneco, al que parecía sólo sostenerse por la relación familiar con Adán Augusto López. Por si fuera poco, una figura de peso que podría ser clave en solucionar los problemas de Chiapas, como Zoé Robledo, hijo del exgobernador y exitoso consultor Eduardo Robledo Rincón, en ciernes de un escándalo personal que lo haría dejar la dirección del IMSS.
La muerte del padre Marcelo Pérez se suma la de activistas de los derechos humanos, defensores del medio ambiente, protectores de la tierra, periodistas, dirigentes sociales y políticos críticos y disidentes. El tema no puede ser desdeñado, ni minimizado, ni ignorado como que no ocurre. El momento exige la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que haga valer su autoridad y liderazgo antes de que Chiapas se incendie totalmente y su fuego sea expansivo a otras partes del país.
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