Este día, en la Mañanera informativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gabinete de seguridad daba a conocer en qué consistirían las “Jornadas de Paz”, además de presumir los golpes recientes a los cárteles de la droga, del despojo y en el desmantelamiento de laboratorios de estupefacientes.
Todo iba bien, dentro de la narrativa de recuperación de la paz en el país, hasta que se dio a conocer el asesinato de dos personas cercanísimas a Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, su secretaria particular Ximena Guzmán y su asesor por muchos años, José Muñoz Vega, encargado del diseño de estrategias para la planificación urbana, regularización, despojos, invasiones y reacomodos.
¿Fue el crimen organizado, como consideramos muchos (redes policiacas, financieras, políticas y delincuentes), o se trató de un delito más de esos que ocurren en todo el país, por asuntos personales, como quieren especular por algunas cuentas de las redes sociodigitales?
Por el método empleado, se tratan de asesinatos con fines políticos, como los anteriores, cuyos autores intelectuales tenían muy estudiados sus objetivos y, finalmente, lograron su cometido: que hayan sido de alto impacto mediático y habría mermado el ánimo de la jefa de Gobierno, la segunda figura política de mayor peso en el país después de la presidenta de la República.
Los golpes al crimen en la CDMX por parte de la Secretaría de Seguridad Pública han tenido respuestas directas contra funcionarios del gobierno capitalino. Para recordar, los hechos que catapultaron a Omar García Harfuch hace casi cinco años, en un operativo muy cuidadoso del Cártel de Jalisco Nueva Generación en pleno Paseo de la Reforma, pero que falló.
NI qué decir del crimen perpetrado contra el “jefe Milton Morales Figueroa”, presuntamente por órdenes del llamado Cártel de Caborca que dirige un sobrino de Caro Quintero.
Sin duda, los grupos delictivos que se disputan a sangre y fuego el dominio territorial del país ya están desatados en la Zona Metropolitana del Valle de México, porque para el crimen no hay fronteras entre la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos o Estado de México. Desde hace varios años nuestra megalópolis dejó de ser un lugar de paz y ajeno a las ventas de drogas, trata de personas, violencia, extorsión y despojo que ocurre en toda la República.
En los últimos meses los golpes severos a los grupos de la Unión, la Antiunión, Los Tanzanios, la Mafia China, La Fortaleza, la NFM, el llamado Tren de Aragua, además de otros de menor impacto, pueden estar dentro de los aparatos de inteligencia de las fiscalías y SSPCDMX.
Como en todas las guerras, las ciudades capitales son las piezas más valoradas y difíciles de ganar, por eso las van dejando al último. No es que no estuvieran antes, porque los grandes capos siempre han estado camuflajeados en la amplia red de lavado de dinero y en el trasiego internacional de dinero sucio, sino que ahora sus bases de sicarios y extorsionadores han decidido salir a delinquir en un abierto desafío a las autoridades locales y federales.
No es un asunto menor, porque se trata de poner a prueba a la región del país que presumía de estar vacunada del baño de sangre que refleja el día a día en otras partes de la República, y como en la Ciudad de México, que decían era la “ciudad más segura del mundo” porque los criminales al menos estaban dejando en paz a la población civil. No es así; nunca lo fue, siendo sinceros.
En el Valle de México ya operan no sólo los grupos delictivos locales como los de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, vinculados a la venta de drogas, la trata de personas, la extorsión, el secuestro, juegos de apuestas, sino que peligrosamente han ido escalando sus negocios turbios como son el lavado de dinero en negocios clandestinos, la invasión de inmuebles y predios, y en alianza con organizaciones del crimen transnacional proveniente de Honduras, Colombia, Venezuela, Argentina, Cuba, China, además de varias facciones euroasiáticas.
Las vecindades del Centro Histórico, varios negocios de Polanco, la Condesa, la Roma y los predios al suroriente de la Ciudad de México son un refugio para estos grupos; más 60% son ocupadas para fines distintos al habitacional o para negocios lícitos; se trata de lugares donde operan las bandas de extorsionadores e invasores (que además ocupan bases de apoyo social) aprovechando la lentitud con que opera la Fiscalía de la CDMX y los vacíos legales para retardar la extinción de dominio o la restitución a sus auténticos propietarios.
La nueva supersecretaría de Seguridad Pública federal se ha establecido como un órgano con amplias facultades, diseñadas para consolidar y coordinar estrategias en materia de seguridad nacional y, en este caso, tiene que demostrar capacidad, reacción y resultados, porque como es evidente, estos asesinatos rompen la narrativa de García Harfuch de presentarse como el gran súper héroe que México necesitaba y para lo cual sigue empleando varias cuentas de Youtube y, de acuerdo con Animal Político, “una red de 68 páginas anónimas en Facebook e Instagram, donde ha invertido más de 2.8 mdp en promover la imagen de @OHarfuch y acciones del gabinete de seguridad federal; al menos 44 simulan ser medios de comunicación”.
Porque, en el marco de una narrativa mediática en la que el secretario Omar García Harfuch emerge como el gran héroe, se ha logrado disminuir los homicidios dolosos en México, 28.1 por ciento de 2024 a 2025, además de haber detenido a 18 mil 712 delincuentes de alto perfil, decomisado casi 10 mil armas de fuego y asegurado más de 40 toneladas de drogas. Pero ello no dice nada si mantenemos en vilo a la población expectante de asesinatos, extorsiones, despojos, incendios provocados y lavado de dinero a diestra y siniestra.
Sin duda, para acabar con este mal no bastan miles de policías, cientos de cárceles y todo el ejército, ni mucho menos una discusión ideológica de las políticas públicas. Se requiere inteligencia y voluntad política para revertir este lamentable panorama y que las redes de complicidad de políticos con el crimen se acaben ya.
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