Guanajuato, Gto. Ya son más de cuatro años, han sido 35 audiencias y es fecha que no se tiene la sentencia final sobre caso de Ángel Yael, joven estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato, que fue asesinado por elementos de la Guardia Nacional.
Tras retomarse el caso a inicios de este 2026, hoy lo que se espera es que la jueza Verónica Sandoval emita la sentencia final, debido a que el pasado 11 de mayo emitió el fallo condenatorio contra Jesús Ángel “N” e Iván “N”.
En la audiencia de este lunes, aunque se esperaban los alegatos finales, se terminaron de desahogar a los testigos, para que la jueza cuente con todos los elementos para determinar los daños que sufrieron las víctimas directas e indirectas, se fije la sentencia por ese delito y la debida reparación del daño.
Se acordó que será para el miércoles 27 de mayo, a las 12:30hrs, cuando se realice una audiencia más en donde se harán los alegatos finales. De acuerdo a la Ley, después de ello, la jueza tiene cinco días para hacer la lectura de la sentencia final y, con ello, cerrar el caso.
Uno de los testigos finales fue la mamá de Aaron, amigo de Ángel Yael que estaba aquel 22 de abril con él en la camioneta donde fueron atacados.
“Es triste, es un calvario lo que pasó, pasamos de todo, se nos dificultó la salud porque mi esposo y yo somos hipertensos y él tiene diabetes”, expresó.
Agregó que, tras el hecho, su hijo Aaron sigue con secuelas de lo acontecido, porque Ángel Yael falleció en su hombro. Además, en materia familiar, no han podido recuperarse debido a que la camioneta baleada era de ellos, y era la que usaban para vender comida. Entre lo más lamentable, narró que fue la estigmatización de la población, quienes les llamaban “los papas del huachicolero”.
Por ello, la mamá de Aaron, la señora Genoveva, solicitó a la jueza que puedan recuperar su camioneta, volver a tener un vehículo que les ayude a regresar a su negocio de comida.
Posteriormente se entrevistó a la perito social Bernardita del Rocío Valadez, quien explicó cada uno de los dictámenes de tres de las víctimas, con el objetivo de establecer justificación sobre los pagos reparatorios para los mismos.
Ella atendió el caso de Ángel Yael, con sus papas como víctimas indirectas, así como de los alumnos Aaron y Laissa, víctimas directas del caso.
¿De qué delito se les acusan?
A los dos elementos de la Guardia Nacional involucrados, Jesús Ángel e Iván de los delitos de homicidio en grado de tentativa y daños. Mientras que únicamente a Jesús Ángel se le acusa de homicidio calificado consumado.
Por el delito de homicidio calificado consumado las penas que marca la Ley son de 30 a 60 años de prisión, mientras que por el homicidio en grado de tentativa la pena mínima es de 20 años. Además, falta sumar los años por el delito de daños y precisar la reparación del daño.
En la audiencia del 13 de mayo, se solicitó que se apliquen las penas máximas a las dos personas en cuestión, tras el fallo condenatorio que anunció la jueza Verónica Sandoval.
Sobre la reparación de daños, detallaron que se tendría que cubrir el menoscabo de las víctimas, es decir, los gastos generados. También los costos de honorarios legales, así como también la indemnización de muerte y daño moral. Solicitaron que se haga una disculpa pública por parte de la Guardia Nacional.
Asimismo, solicitaron que, en la reparación de daños, a la familia de Ángel Yael se les pague 16 millones de pesos, mientras que para los compañeros que viajaban en la camioneta, que son tres, se dieran 2.8 millones de pesos a cada uno.
Un juicio de cuatro años
En mayo de 2022, se realizó la audiencia inicial de uno de los agentes involucrados en el homicidio de Ángel Yael, el cual no se vinculó a proceso. A decir del juez federal, Efraín Fraustro, no existían elementos suficientes.
Posteriormente se efectuó una segunda audiencia inicial, en donde se presentó a un segundo agente involucrado en los hechos, el cual, aparentemente, fue el presunto responsable de percutir la bala que privó de la vida al alumno Ángel Yael y generó lesiones a Edith.
En ese entonces, los representantes de la Fiscalía General de la República, solicitaron vincular al agente a proceso por los delitos de homicidio calificado en contra de Ángel y homicidio en grado de tentativa en contra de los otros tres alumnos que viajaban en la camioneta que fue atacada.
La FGR detalló que el agente actuó sin un orden de los mandos militares, e incluso, uno de sus superiores en al menos cinco ocasiones solicitó a los agentes frenar el fuego tras la primera detonación, que fue la que privó de la vida al joven.
Fue hasta este 2026 que se reanudaron los trabajos para continuar con el juicio en búsqueda de justicia para el estudiante de Agronomía en la División de Ciencias de la Vida (DICIVA) de la UG en El Copal.
