Patronato de la UNAM, apuesta por la honradez e innovación

A la memoria de Susana Nava Ángeles

Cuando arrancó la primera campaña presidencial de la llamada Cuarta Transformación, se eligió a Metlatónoc, en la Montaña de Guerrero, como punto de partida por ser considerado el municipio más pobre de México: un lugar donde resulta más fácil conseguir una coca o una cerveza que un vaso de agua; donde el frío y el calor se combinan de manera letal para la salud; y donde la bola, es decir, el cultivo de amapola, desplazó a la agricultura tradicional como medio de subsistencia. Ahí, además, la migración representa el rostro más deshumanizado del desplazamiento económico de una población que busca sobrevivir lejos de su tierra.

Metlatónoc no es solo una postal de la pobreza extrema ni un símbolo útil para el discurso político; ha sido también una advertencia temprana de cómo la desigualdad, el abandono institucional del Estado en sus tres niveles de gobierno y la economía criminal pueden combinarse hasta formar un cóctel explosivo. Eso ocurre desde hace años y sigue ocurriendo hoy, cuando los llamados de alerta de las comunidades ya no solo interpelan a los mexicanos, sino también al mundo.

Años después, esa advertencia ya no puede leerse como una excepción localizada en la Montaña de Guerrero, sino como una condición extendida en distintos puntos del país, donde la violencia adquiere acentos regionales pero comparte un mismo origen: la fractura del tejido social, la captura territorial por poderes fácticos y la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de vida, seguridad y futuro a comunidades indígenas que abundan en los discursos y en las campañas, pero que en la realidad permanecen abandonadas a la suerte que impongan los criminales.

La crisis en el precio de la amapola abrió la puerta a otros delitos para seguir financiando a las organizaciones criminales: la extorsión, el control de las rutas de transporte público, el despojo de tierras —sin importar si son comunales, ejidales, federales o estatales, sobre todo cuando resultan aptas para el extractivismo de transnacionales con las que existen pactos— y la subordinación de comunidades enteras a sus reglas de operación.

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, integrante del Congreso Nacional Indígena, vuelve a lanzar un grito de auxilio ante los ataques del grupo delictivo y abiertamente narcopolítico conocido como “Los Ardillos”, que busca romper su organización y tomar el control de rutas estratégicas que le garanticen acceso al puerto de Acapulco.

Lo más alarmante es que no se trata de un caso aislado. En Michoacán, en la comunidad purépecha de Acahuen, el pasado 6 de mayo, la población fue víctima de ataques no solo por parte de una organización criminal, sino también de policías municipales a su servicio, con un saldo de dos muertos y un herido.

Nada de esto es nuevo en una entidad azotada y dominada por diversas organizaciones dedicadas a la producción y comercialización de droga, un fenómeno ampliamente documentado en el libro México autonomías de norte a sur en escenarios violentos, de la investigadora María del Carmen Ventura Patiño, del Colegio de Michoacán.

Algo similar ha ocurrido con las comunidades zapatistas de Chiapas, asediadas por el crimen organizado sin que las autoridades locales y federales hayan logrado frenar la violencia impune con la que opera. En ese mismo contexto, más de 199 defensores ambientales y territoriales han sido asesinados en los últimos 11 años en estados como Oaxaca, Guerrero, Jalisco y Michoacán, según reportes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

Por si fuera poco, Zacatecas exhibe con crudeza cómo la falta de atención a los agricultores que exigen respaldo ante el vacío de la autoridad federal puede convertir la protesta social en un nuevo campo de batalla. Lo que debería ser una respuesta propia de quienes se asumen de izquierda termina pareciéndose al remedo de cualquier gobierno represor, incapaz de mostrar otra cosa que debilidad institucional y omisión frente a la confrontación criminal.

Y esto no termina ahí. Incluso en la capital, donde suele suponerse una mayor capacidad institucional, la violencia criminal sigue sorprendiendo, como ocurrió con la familia ejecutada en Azcapotzalco. Pero, además, una escalada de violencia social adopta formas menos espectaculares, aunque igualmente corrosivas, y abre numerosas interrogantes sobre si estamos frente a hechos aislados o ante las consecuencias de un deterioro más profundo: ¿fuego amigo contra Clara Brugada?, ¿presiones de poderes fácticos sobre el gobierno de la CDMX para obtener ganancias antes y durante el Mundial?

Visto en conjunto, el mapa de conflictos que trazan estos territorios no describe violencias aisladas, sino una misma crisis con expresiones diversas. Lo que cambia de un lugar a otro es el lenguaje del conflicto; lo que permanece es la combinación de exclusión, impunidad, economías ilegales y desgaste institucional.

De cara al Mundial y al escaparate internacional que el país busca proyectar, la pregunta de fondo no es solo cómo contener la violencia, sino cómo evitar que la desigualdad siga produciendo las condiciones para su reproducción. Porque, debajo del espectáculo, de la propaganda y de la narrativa oficial, persiste un país roto que todavía no encuentra una salida compartida, mientras parece preocupar más el control del relato que la dolorosa realidad de los pueblos y comunidades asolados por la delincuencia.

Un punto final: de los gritos de auxilio de los refugiados de Alcozacán, lo que más preocupa en este momento es el temerario llamado a Estados Unidos para que acuda en su ayuda. Desde luego, ese recurso podría generalizarse, para regocijo del personaje que busca, a como dé lugar, un pretexto que le dé aire fresco rumbo a la elección que pondrá a prueba su gobierno. Y si ya amenazó a Venezuela con anexarla o a Cuba con invadirla, qué mejor pretexto —y qué mejor cosecha de votos— que dar “rostro humanitario” a una acción de fuerza en territorio mexicano, aunque para ello tenga que pasar por encima de nuestro gobierno y del derecho internacional.

+ La buena noticia es que el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la terna para elegir a un nuevo integrante del Patronato Universitario, órgano encargado de la administración del patrimonio de la institución. La lista finalista para sustituir a Mario Luis Fuentes Alcalá incluye a Juan Alberto Adam Siade, José Luis Clavellina Miller y Martha Angélica León Alvarado. Desde luego, estamos seguros de que la mejor decisión sería apostar por sangre joven e innovación garantizada con Martha Angélica, a quien deseamos la mejor de las suertes.

Contacto: [email protected]