Guanajuato, Gto. La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, sostuvo que trabajarán en mecanismos de mejora para la protección de buscadoras del estado.
Lo anterior tras el asesinato de Patricia Acosta Rangel y Katia Citlali Jáuregui, madre e hija buscadoras asesinadas en Salamanca, quienes no contaban con protección especial por parte del estado, debido a que no existía una solicitud previa para acceder a estos mecanismos.
“Lamentar mucho y solidarizarlos con la familia, por supuesto. Desde las comisiones, las propias comisiones, hemos hecho contacto con la familia para apoyar en todo momento”.
La mandataria estatal habló en entrevista sobre el caso, luego del asesinato de ambas integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, ocurrido el pasado nueve de mayo, y señaló que las instituciones estatales ya mantienen contacto con la familia para brindar acompañamiento.
Dijo que se hace un mapeo o un atlas de riesgo para tener un análisis del contexto de los municipios para saber el trabajo que hacen las buscadoras y fortalecer los mecanismos de protección.
“seguiremos fortaleciendo con ellas este vínculo y fortaleciendo sobre todo los mecanismos de protección”.
Patricia Acosta Rangel y Katia Citlali Jáuregui, madre e hija buscadoras e integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas el 9 de mayo cuando viajaban juntas en una motocicleta y fueron interceptadas y atacadas por hombres armados.
Patricia Acosta Rangel inició la búsqueda de su hijo Miguel Ángel Jáuregui, desaparecido el 8 de febrero de 2024. Tiempo después, Katia Citlali Jáuregui se sumó a las labores de búsqueda y acompañamiento.
De acuerdo con información difundida por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, ambas lograron localizar a Miguel Ángel en una fosa clandestina durante marzo de 2025. A pesar de ello, continuaron participando en labores de apoyo a otras familias buscadoras.
Tras el asesinato de madre e hija, organizaciones y colectivos emitieron posicionamientos para exigir avances en las investigaciones y condiciones de seguridad para personas buscadoras y defensoras de derechos humanos.
