Guanajuato, Gto. La reciente incorporación de unidades temporales al sistema de transporte público de Guanajuato capital y el retiro de camiones que no cumplen con la ley, es una acción cuestionable legalmente,
Así lo expresó la diputada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, tras la reciente decisión del gobierno municipal por meter camiones de una empresa privada, con el logo “Me late Guanajuato”, para suplir aquellas que ya no cumplían con la normativa.
“Llevan años así y ya se sabía por qué hasta ahorita se está decidiendo actuar y si ya se estaba viendo riesgo desde antes, porque desde antes no se realizó”.
La presidenta de la comisión de Movilidad en el Congreso local, sostuvo que revisaran la normativa para poder candados y evitar este tipo de arbitrariedades de las autoridades locales, que afectan las concesiones y permisos que ellos mismos han aprobado.
“Hay que estar revisando la ley porque la ley se establece algunas bases, sin embargo, hay que revisar si se podría fortalecer o complementar o actualizar la ley de alguna reforma precisamente, para que todas las decisiones sobre todo se pongan siempre se pongan en el centro a la ciudadanía”.
El objetivo será garantizar que las decisiones se tomen privilegiando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Consideró que existe preocupación ciudadana por la forma en que se retiraron algunas unidades que ya presentaban condiciones de deterioro y riesgos para los usuarios. Sin embargo, cuestionó por qué las autoridades municipales actuaron hasta ahora, pese a que la problemática era conocida desde hace varios años.
«Si las unidades representaban un riesgo para la ciudadanía, la pregunta es por qué se permitió que siguieran operando durante tanto tiempo».
Asimismo, Pedroza Orozco manifestó dudas sobre el proceso mediante el cual se eligió a la empresa que actualmente presta el servicio de manera temporal. Señaló que, de acuerdo con información pública, la compañía ha enfrentado señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción, por lo que consideró necesario revisar los criterios bajo los cuales fue seleccionada.
Cuestionó que el permiso otorgado tenga una vigencia inicial de 30 días, al considerar que una medida de tan corto plazo podría reflejar una falta de planeación y estrategia para atender de manera integral la crisis del transporte público en la capital.
Además, dijo haber recibido reportes de usuarios que señalan posibles deficiencias en la operación de las nuevas unidades, incluyendo conductores que desconocen las rutas o las condiciones de movilidad de la ciudad.
“Las cosas se tienen que hacer bien, se tienen que hacer bien, ella (la alcaldesa Samantha Smith) tendrá que demostrar que todo se hizo con base, con apego a la ley, como tienen que hacer todas”.
Respecto al procedimiento legal, la diputada recordó que existe un amparo relacionado con el proceso de concesiones del transporte público, por lo que consideró necesario aclarar cómo fue posible otorgar permisos temporales cuando previamente las autoridades municipales habían sostenido que dicho recurso jurídico les impedía actuar.
Señaló que la incorporación de alrededor de 20 unidades resulta insuficiente frente al déficit de más de 100 camiones que, según datos reconocidos por la propia autoridad municipal, requiere la ciudad para ofrecer un servicio adecuado.
“A mí me resulta muy extraño que de repente hace una semana dijo que ella (la alcaldesa) que no podía hacer absoluto, que el gobierno municipal no podía hacer absolutamente nada porque estaba este amparo y de repente resultó que sí”.
Agregó que solicitará información detallada al gobierno municipal para conocer los estudios, análisis técnicos y criterios que sustentaron la decisión de otorgar los permisos temporales.
