Silao, Gto. La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó una iniciativa de ley, para dar facultades a las fiscalías estatales de investigar y judicializar, casos en materia de delincuencia organizada.
La iniciativa fue presentada por el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, y respaldada por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para su presentación ante el Congreso del Estado de Guanajuato. En caso de ser aprobada por la Legislatura local, será remitida al Congreso de la Unión, para su análisis y discusión en el ámbito federal.
“Los retos actuales exigen instituciones más coordinadas, más eficaces y con mayores capacidades para responder ante la delincuencia organizada”, dijo.
García Muñoz Ledo, destacó que esta propuesta surge de la experiencia operativa y jurídica de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste, y reconoció el trabajo técnico realizado por la Fiscalía, para construir una iniciativa que contribuya al fortalecimiento de las capacidades institucionales, en materia de seguridad y procuración de justicia.
El titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, explicó que la propuesta surge debido a que las fiscalías estatales conocen, investigan delitos, atienen a las víctimas y saben de primera mano lo que ocurre en los municipios, regiones y comunidades, sin embargo, en temas vinculados con la delincuencia organizada, la facultad de investigación recae principalmente en las autoridades Federales.
“Lo que proponemos es abrir la posibilidad a una mayor colaboración entre la Federación y los estados, para enfrentar de manera más eficaz a quienes lastiman a nuestras comunidades”, dijo Vázquez Alatriste.
La propuesta plantea sumar capacidades, compartir responsabilidades y construir un mecanismo más efectivo de actuación.
“Cuando se trata de proteger a las familias no debe haber barreras que limiten la colaboración entre autoridades” señaló.
Libia García dijo que si se respalda la iniciativa es porque representa una aportación seria, responsable y jurídicamente sustentada en el debate nacional sobre seguridad y justicia.
