Guanajuato, Gto. El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) ha identificado más de 60 conexiones irregulares y prácticas de robo de agua durante los primeros meses de 2026, cifra que ya iguala el total de casos detectados durante todo el año anterior.
El titular del organismo Juan Andrés Balderas Torres, explicó que el combate al llamado “huachicoleo de agua” forma parte de una estrategia para mejorar la eficiencia en la distribución del recurso y reducir las pérdidas que se registran entre las obras de captación y los usuarios finales.
“En lo que va del año llevamos poco más de 60 casos identificados y notificados. Como referencia, durante todo 2025 se registró una cifra similar, por lo que este año ya alcanzamos ese número en un periodo considerablemente menor”.
Explicó que una parte importante de las pérdidas se debe a fugas en la red hidráulica, mientras que otro porcentaje corresponde a conexiones no autorizadas, tomas clandestinas y manipulación de medidores para disminuir o alterar los registros de consumo.
Advirtió que estas prácticas no quedan impunes. Los usuarios detectados enfrentan sanciones económicas establecidas en el tabulador oficial vigente, además del cobro retroactivo del consumo de agua que dejó de registrarse debido a las alteraciones realizadas.
La recuperación de volúmenes de agua perdidos permite ampliar la cobertura del servicio, garantizar el abastecimiento para nuevos usuarios y fortalecer la sostenibilidad del sistema hidráulico municipal.
Dijo que las personas que sean sorprendidas realizando conexiones clandestinas o manipulando medidores para evitar el pago del servicio de agua potable pueden enfrentar sanciones que van desde los 16 mil hasta los 32 mil pesos.
Para los usuarios domésticos, la sanción por una conexión no autorizada asciende a 16 mil pesos. A este monto se suma el cobro correspondiente al volumen de agua consumido que no fue registrado por el sistema debido a la irregularidad detectada.
“Se realiza un análisis de los consumos reales que estuvo teniendo el usuario y, de acuerdo con el volumen resultante y las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos, se determina el monto adicional que debe cubrir”.
En el caso de establecimientos comerciales o usuarios no domésticos, la multa base por una conexión clandestina es de 32 mil pesos, cantidad a la que también se agrega el cobro por el consumo omitido durante el periodo en que se presentó la irregularidad.
Balderas Torres señaló que estas sanciones tienen como objetivo desalentar prácticas que afectan la eficiencia del sistema de distribución de agua y generan pérdidas para el organismo operador.
No obstante, reconoció que algunos usuarios reinciden en este tipo de conductas aun después de ser detectados y sancionados. En esos casos, las penalizaciones económicas pueden duplicarse conforme a lo establecido en la normativa vigente.
“Si existe reincidencia, las sanciones estipuladas se aplican al doble, precisamente para inhibir este tipo de prácticas”, puntualizó.
Detalló que el SIMAPAG realiza un monitoreo permanente de los patrones de consumo de sus usuarios. A través del análisis de datos, el organismo identifica viviendas con consumos inusualmente bajos en comparación con el número de habitantes registrados, lo que genera alertas para realizar verificaciones en campo.
Entre las prácticas detectadas se encuentran medidores alterados o colocados de manera que registren consumos inferiores a los reales, así como conexiones directas a la red sin autorización.
Además, dijo que el organismo utiliza herramientas tecnológicas para fortalecer la vigilancia. Mediante imágenes satelitales y sistemas de información geográfica, se monitorean zonas con presencia de humedad y se cruzan datos con la infraestructura hidráulica y el padrón de usuarios, lo que permite ubicar posibles fugas o conexiones ilegales con mayor precisión.
Para atender esta problemática, SIMAPAG creó recientemente un departamento especializado enfocado en la recuperación de agua y la mejora de los indicadores de eficiencia del organismo.
Balderas Torres agregó que cuando se detecta una conexión clandestina o una manipulación de medidor, los responsables suelen negar inicialmente los hechos; sin embargo, las inspecciones y evidencias técnicas permiten acreditar las irregularidades.
