“Echeverría o el fascismo” fue aquel célebre dilema político formulado a principios de los años setenta por intelectuales mexicanos como Carlos Fuentes y Fernando Benítez. La tesis, presentada en 1972 con solemnidad de catecismo republicano, sostenía que era necesario respaldar al presidente Luis Echeverría para impedir el avance de una derecha empresarial y autoritaria. Uy, qué miedo nos querían infundir, y con eso acusaba el expresidente perverso y sanguinario: “¡Jóvenes del coro fácil!, nos opondremos a ellas provengan de donde provengan, sean de oficinas burocráticas, de oficinas empresariales o de nefastas agencias manejadas desde el extranjero, cualquiera que sea su signo ideológico”, gritó sin cesar años después en la misma Ciudad Universitaria.
La historia, sin embargo, terminó por dictar sentencia: aquel dilema de Carlos Fuentes era falso. La conjunción correcta no era la “o” de “Echeverría o el fascismo”, sino la “y”: “Echeverría y fascismo”. A la luz de los documentos y de la recopilación histórica promovida por el propio gobierno de la 4T en El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (2024), un voluminoso informe que concluía que “las instituciones de seguridad fueron instituidas no para administrar justicia, sino para proveer de seguridad política al Estado” y en eso cabía la persecución, desaparición y aniquilamiento del foco guerrillero y neutralizar cualquier viso de desestabilización. El echeverrismo combinó populismo de izquierda con prácticas de represión, vigilancia y control propias del autoritarismo de Estado.
Con ello se pretendía, desde la confortable butaca de la izquierda de café —o desde el intelectualismo orgánico, siempre tan dispuesto a sacrificarse por el poder ajeno—, acallar el derecho a la crítica y deslegitimar la protesta social, pues seríamos sometidos a las peores campañas de desprestigio o de servir a los intereses de la CIA o la derecha empresarial.
Peor aún: esa convocatoria a descalificar la protesta social, aderezada con la frasecita de que “los extremos se unen”, ha sido reciclada con admirable falta de imaginación desde las movilizaciones de 1966, 1968 y 1971; reapareció en 1987, con el bloque histórico del CEU contra la corriente de los Brigadistas; volvió en 1994 y, desde el año 2000, se invocó frente al CGH, Atenco, Tlalnepantla, la APPO y otras movilizaciones sociales. La consigna cambia de vestuario, pero conserva intacta su vocación de coartada.
Sin duda, el falso dilema se acentuó durante el movimiento de 1968 y en la antesala del “Halconazo”, con la brutal represión del 10 de junio de 1971. Por supuesto, esto lo sabe bien el “estado mayor” de Claudia Sheinbaum formaron parte de corrientes vinculadas a movimientos estudiantiles y antifraude electoral. Por eso resulta, cuando menos, pintoresco —por no decir impúdico— que hoy se recicle la misma estrategia propagandística para denunciar una supuesta alianza entre la extrema izquierda, rebautizada como “radicales”, y la extrema derecha, encarnada convenientemente en Ricardo Salinas Pliego, ciertos medios y organizaciones conservadoras.
No hay autocrítica sobre los errores de prevención de crisis. Desde hace dos años, diversos analistas advertimos que la inconformidad social estaba tomando tintes poco amables sin que los bomberos de Gobernación hicieran su trabajo y que las movilizaciones sociales debían atenderse con soluciones políticas antes de la justa del Mundial de Fútbol. El medio es el mensaje y se ha prevalecido la frivolidad a la sensibilidad política en la atención ciudadana (llámense familiares de desaparecidos que desplazados por el crimen), las secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana prefirieron instalar “mesas de negociación” con interlocutores incómodos (Ardillos y Tlacos), mientras las manifestaciones sociales legítimas fueron ignoradas en sus demandas. Los crímenes siguen impunes; el dolor de las familias permanece desatendido y, para colmo de elegancia institucional, con frecuencia criminalizado.
“Desde hace una semana, el aparato de propaganda oficial —esa maquinaria que invade redes sociales mediante presuntos influencers (los chumeles de la 4T) y ciberactivistas sostenidos, con discreción franciscana, por el erario— emplea peligrosamente este falso dilema como recurso demagógico y coloca toda la inconformidad social en un solo costal. Lo hace con la misma soltura con que los amanuenses afines a los regímenes diazordacista, echeverrista y lopezportillista justificaron, cada uno en su temporada, las omisiones y excesos del sistema priista. Hoy lo hacen para descalificar al magisterio democrático de la CNTE (sin profundizar en su reclamo de echar atrás la Ley del Issste de 2007 y mucho menos tocar las negociaciones tras bambalinas del gobierno con la élite del SNTE), para acusar de prianistas a productores damnificados por no leer las letras chiquitas del T-MEC, no tardan en desautorizar las protestas contra la planta de amoniaco de la Bahía de Ohuira, entre otras reclamaciones que, como era natural, quieren que tome revuelo aprovechando los reflectores internacionales del Mundial”.
El debate sobre aquel periodo no pertenece al museo de las antiguallas políticas: sigue vigente porque ofrece una clave incómoda para leer los discursos polarizantes de la vida pública mexicana. Cada vez que el poder se declara víctima de una conspiración de extremos, conviene revisar si no está, en realidad, preparando la absolución anticipada de sus propios errores.
La operación retórica es conocida: primero se construye un enemigo múltiple, contradictorio y, por lo mismo, muy útil; después se le atribuye una coordinación casi sobrenatural; finalmente se exige cerrar filas en torno al gobierno, no por sus aciertos, sino por el pánico cuidadosamente administrado ante lo que vendría si se le cuestiona. Es la vieja fórmula: dejamos que crezcan los conflictos y salimos airosos con nuevos héroes apagafuegos.
Es el viejo truco de vender obediencia como responsabilidad histórica. Así, cualquier reclamo social deja de ser una demanda concreta para convertirse en pieza de un complot o conspiración “golpista” (como si México tuviera espacio para ello); cualquier crítica deja de ser argumento para volverse munición del adversario; cualquier protesta, por legítima que sea, queda bajo sospecha de servir a intereses oscuros. El poder, tan sensible cuando se le interpela, descubre entonces una virtud milagrosa: puede escuchar todas las voces, siempre que digan exactamente lo que desea oír, porque de pronto esa vocación republicana y de pluralismo pareciera orientarse a la instauración del pensamiento único.
El problema no es que existan derechas oportunistas ni izquierdas vociferantes; claro que existen, y a veces hasta se esfuerzan en confirmar el peor diagnóstico sobre sí mismas. El problema es que el gobierno use esa evidencia parcial para invalidar el conjunto de la inconformidad social y seguir desatendiendo los justos reclamos y las viejas agendas de demandas que seguirán calentándose ante la sordera de los operadores gubernamentales.
La lección de Echeverría, vista desde el presente, no es que debamos escoger entre el gobierno y el nuevo fascismo representado en la figura de un magnate mediático que la misma 4T se encargó de inflar y dar posiciones (desde direcciones de comunicación social hasta legisladores como Lilly Téllez o Selene Ávila). La lección es más simple, más incómoda y, por eso mismo, más vigente: cuando el poder se apropia del lenguaje antifascista para blindarse de la crítica, es también un llamado a la obediencia acrítica y debidamente aplaudida.
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