Guanajuato, Gto. Luego de la detención de dos elementos de la Policía Municipal de Silao, por presuntamente robar a un ciudadano pertenencias de su vehículo estacionado adentro de su casa, el fiscal general del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, aseguró que el gobierno municipal ha estado trabajando en colaboración para la resolución del caso.
El hecho ocurrió la madrugada del pasado 6 de junio y quedó registrado por una cámara de vigilancia del inmueble, por lo que los oficiales identificados como Fernando “N” y María del Rocío “N”, fueron vinculados a proceso penal.
El fiscal señaló que mientras la gente siga colaborando con la presentación de denuncias y obligue a trabajar al Ministerio Público y realizar las investigaciones, permitirá lograr la judialización de los casos.
“En la medida que la gente nos siga ayudando, que denuncie que obligue a que el Ministerio Público ejerza su función de investigar apropiadamente, nos va a permitir judicializar casos y no importa que los responsables sean funcionarios públicos o policías de cualquier nivel”, mencionó.
Dijo que la Fiscalía ejerce las investigaciones en contra de cualquier persona, ciudadano, funcionario público o policías de cualquier rango, mientras que trasgredan o traicionen la confianza de la población, serán objetos de denuncias en su contra.
Sostuvo que en el caso de los policías preventivos de Silao, la participación en las investigaciones y denuncias por parte de las autoridades municipales, fue determinante para vincularlos a proceso.
¿Cómo ocurrió el hecho?
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso penal en contra de FERNANDO “N” y MARÍA DEL ROCÍO “N”, elementos de la Policía Municipal de Silao, plenamente identificados como los presuntos responsables de irrumpir ilegalmente en una vivienda particular para robar a un ciudadano, conductas que la ley tipifica como los delitos de robo calificado y abuso de autoridad.
Tras presentar un sólido cumulo de pruebas científicas, testimoniales y periciales, un Juez de Control dictó como medida cautelar la prisión preventiva para ambos servidores públicos por el ejercicio abusivo de sus funciones, además de autorizar un periodo para el desarrollo de la investigación complementaria.
Los hechos que originaron esta causa penal ocurrieron la madrugada del pasado 6 de junio de 2026, aproximadamente a las 03:14 horas, cuando los ahora imputados patrullaban el sector asignado a bordo de la unidad oficial a su cargo.
Al transitar por el fraccionamiento Gran Villa Ciudadela, los uniformados se percataron que en el área de la cochera de un domicilio se encontraba una persona durmiendo en estado inconveniente.
Aprovechándose de sus funciones y sin contar con una orden judicial o autorización alguna, ingresaron al domicilio del afectado y mientras MARÍA DEL ROCÍO “N” realizaba labores de vigilancia en el exterior, FERNANDO “N” inspeccionó minuciosamente el interior del automóvil para apoderarse ilícitamente de un reloj, un teléfono celular y una cantidad importante de dinero en efectivo, retirándose de la escena minutos después.
La inmediata denuncia de la víctima permitió a la Fiscalía General del Estado iniciar la carpeta de investigación e instruir la intervención directa de agentes de Investigación Criminal, quienes, en conjunto con los peritos forenses, recabaron pruebas contundentes y testimoniales que echaron para abajo la coartada de los policías, además de las bitácoras y los roles de turno que confirmaban que los
acusados cubrían exactamente esa zona y horario a bordo de la patrulla involucrada.
El sustento técnico de la imputación se fortaleció gracias a los dictámenes emitidos por los especialistas en laboratorios. Entre los elementos presentados destacó el informe de retrato hablado elaborado por una perito y un sofisticado dictamen pericial de análisis morfológico facial por semejanza, los cuales
corroboraron la identidad de los involucrados.
Asimismo, los peritos criminalistas aportaron las fijaciones fotográficas y los croquis ilustrativos tanto del inmueble de la víctima como de la patrulla asignada a los oficiales, sumado al análisis de video e inspecciones de campo procesados por una agente de investigación. Para concluir la cadena de
evidencias, el Centro de Control y Comando confirmó que en las bases de datos del sistema de servicios de emergencia no existió reporte alguno de los oficiales que justificara su presencia o alguna intervención en dicho domicilio a esa hora de la madrugada.
Con base en este cumulo probatorio, la Fiscalía Regional B, acreditó la probable comisión del delito de robo calificado y de igual manera se configuró el delito de abuso de autoridad.
