Guanajuato, Gto. La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, María Isabel Ortiz Mantilla, explicó que existen diferentes tipos de declaratorias para proteger espacios con valor ecológico, en este caso en referencia a la Bufa y los picachos en la capital.
La legisladora dijo que esto es independientemente, de que un sitio cuente o no con un decreto de protección, cualquier obra debe cumplir con la legislación ambiental vigente y añadió que el desarrollo turístico, cultural o de infraestructura no debe realizarse a costa del patrimonio natural.
«El desarrollo de cualquier tipo de actividad turística, cultural, recreativa, el desarrollo de infraestructura no debe de estar peleado con la conservación del patrimonio natural”.
Respecto al proceso para declarar una área natural protegida, explicó que el primer paso consiste en elaborar un estudio previo justificativo que permita conocer las condiciones ambientales del sitio, las especies que alberga y su importancia ecológica.
«Para poner una zona como área natural protegida el primer paso es realizar un estudio previo justificativo; es decir, se hace un diagnóstico de cómo está el ecosistema, qué tipo de especies hay de flora y fauna y si algunas de estas especies son endémicas”.
La diputada indicó que, una vez actualizado ese diagnóstico, las autoridades determinan si el área reúne los elementos suficientes para ser decretada como protegida.
En ese sentido, explicó que existen diferentes tipos de declaratorias, dependiendo del nivel de gobierno competente.
«Hay diferentes tipos de áreas naturales: unas que pueden ser de carácter municipal; el propio municipio de Guanajuato puede decretar un área municipal”.
Asimismo, detalló que el Gobierno del Estado también tiene facultades para emitir declaratorias. Añadió que también existe la posibilidad de protección a nivel federal, donde las categorías son más amplias.
«Se puede tener áreas destinadas voluntariamente a la conservación; es decir, los dueños de ese predio dicen: yo quiero que esté destinado como un área natural protegida”.
Sobre las obras realizadas recientemente en La Bufa, Ortiz Mantilla insistió en que las autoridades deben transparentar si existe un estudio de impacto ambiental o, en su caso, uno de afectación, así como las medidas de compensación o restauración que correspondan.
«Tenga decreto de un área natural o no, lo tendrían que cumplir con toda la legislación y la normativa ambiental; debe de contar con un estudio de impacto ambiental y, si no, un estudio de afectación”.
Finalmente, recordó que cualquier ciudadano puede denunciar presuntas afectaciones al medio ambiente ante las autoridades competentes, incluso de manera anónima, tanto a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial o a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
