La defensa del derecho humano de las audiencias —sí, ese que existe desde hace años y que algunos apenas descubrieron como si fuera un Pokémon legendario— ha sido convertida, por arte de propaganda y conveniencia empresarial, en una supuesta amenaza a la libertad de expresión. Según ellos, estamos al borde del apocalipsis democrático. Qué casualidad que este súbito ataque de pánico ocurra justo cuando su prospecto de candidato presidencial, Ricardo Salinas, alias El Tío Richie, anda convocando a la “resistencia civil” para que la gente deje de pagar impuestos. Una especie de “golpismo fiscal” con transmisión en cadena nacional, cortesía del Estado. Pero claro, la censura es lo que les preocupa.
Y lo hacen cuando en X y Meta —los verdaderos árbitros de lo que se puede decir y lo que no— deciden diariamente qué es moralmente aceptable, qué se borra, qué se castiga y qué se deja pasar o qué cuentas deben sostenerse, inflarse o cancelarse. Todo esto en un país donde el crimen organizado, ese sí, censura con balas y desaparece comunicadores e “influencers” sin necesidad de convocar marchas ni escribir editoriales indignados. Para darle un toque de solemnidad al drama, hasta invocan a Immanuel Kant, como si el filósofo estuviera revisando los Lineamientos desde el más allá. Hablan de honestidad, de confianza social, de deber ético… muy bonito todo, salvo por el detalle de que la solemnidad no convierte una exageración en argumento. Kant no es un detergente: no blanquea narrativas.
Los promotores de esta épica libertaria son los mismos de siempre: la oposición disminuida, urgida de una bandera que no sea la del “todo está mal porque lo digo yo”. Acusan dictadura, autoritarismo, control orwelliano, regulación de libertades —todas, hasta de pensamiento y religión, aunque usted no lo crea— y convocan a una marcha “nacional” en defensa de la libertad de expresión. Otra más. Y como las anteriores, con la misma capacidad de convocatoria que un curso de origami en domingo.
Lo más curioso es que insisten en marchar justo cuando la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión ya entendió lo básico: que el derecho de las audiencias es constitucional; que las defensorías deben ser autónomas; que los códigos de ética son necesarios; y que las ambigüedades de los Lineamientos y las multas eran temas a corregir. Y la Presidencia aceptó esas correcciones. Pero no importa: nunca dejes que un acuerdo razonable te arruine una buena narrativa apocalíptica.
Eso sí, preocupa que algunos gobernadores guindas —Veracruz, Puebla, Campeche, Oaxaca, Guerrero— hayan construido andamiajes jurídicos para contener o limitar la libertad de prensa. Ese es un pendiente real, no la caricatura que la oposición quiere vender. Y será la Presidencia quien tenga que resolverlo para no cargar muertos ajenos ni sudar calenturas que no le corresponden.
El debate no es nuevo. Desde hace años, la relación entre medios y poder político en México ha sido sometida a cuestionamientos severos. Hay tesis, investigaciones universitarias, estudios privados, análisis de especialistas y hasta documentales promovidos por los propios medios para explicar una vinculación que acompaña al periodismo desde su origen: la política. Lo novedoso no es que esa relación exista, sino que quienes antes la administraban como si fuera oficina privada para hacer negocios de “construcción de reputación” o “linchamiento público”, hoy se sorprendan de que alguien, es decir la audiencia, les pida cuentas.
Más allá del debate de este derecho, el tema es aún más profundo y delicado y, por supuesto, no es exclusivo de México ni de su gobierno, porque dicho debate y proceso se está registrando en todo el mundo occidental desde hace cuando menos un cuarto de siglo: se trata de la sobrevivencia del medio tradicional, del empresariado mediático que llega a tarde y mal a las nuevas tecnología de la información, de los mecanismos de coacción con que han vivido durante siglos los llamados formadores de opinión, vacas sagradas del periodismo o la intelectualidad orgánica y los constructores de la historia cotidiana.
La irrupción del internet y la crisis del papel rompieron con el predominio de la prensa y la influencia que tuvieron la radio y televisión, modificando los métodos de consulta, de monopolización de la información y control de las narrativas y, por ende, del pensamiento colectivo, en gran medida al gusto del poder en turno. Por ello, en estudios sobre credibilidad, comunicadores y formadores de opinión que hace tres lustros eran incuestionables constructores de la agenda setting mexicana, salvo contados ejemplos, todos han ido cayendo al olvido, a lo anecdótico o a la comedia involuntaria, diluyéndose entre memes e infografías.
En 2023, por ejemplo, la alianza Reuters-Universidad de Oxford realizó una investigación sobre la desconfianza de los mexicanos en los medios, oscilando entre 30 y 70 por ciento. En general, este estudio registró que, en el sistema mediático mexicano, desde la pandemia la confianza en medios tradicionales cayó drásticamente y solo un 36 por ciento lo mantendría, igual como sucede en otros países. Ojo, confianza no quiere decir, abandono al consumo de sus productos mediáticos.
Jürgen Habermas escribió en 2022, quizá su último libro sobre el tema, Una nueva estructura y crítica de la opinión pública, decía que la sobreinformación actual se parece al siglo XVII, cuando los ciudadanos debatían racionalmente sobre el bien común. Pero advertía que hoy esa sobreinformación no democratiza nada: los algoritmos buscan dinero, las plataformas buscan clics y los debates se encierran en burbujas de pseudoaudiencias que no se cruzan. El periodismo tradicional enfrenta su peor crisis: la pérdida del papel de intermediario. Sin filtro editorial, el terreno queda listo para noticias falsas, desinformación masiva y esa democracia de la posverdad que parece diseñada por un comité de mercadólogos con complejo de filósofos… de Güemez.
En ese paisaje, la palabra “censura” funciona menos como diagnóstico jurídico que como alarma de incendio accionada por quienes aún extrañan cuando ellos decidían dónde estaba el fuego y quién debía salir corriendo o cuál era el bombero designado.
Colocar al derecho de las audiencias en el centro del debate y acusación de que hay plan con maña no sólo es perverso y cobarde porque faltan a la verdad, dado que ni se dan facultades extralegales al gobierno en turno, ni se condicionan el mensaje, ni siquiera se abren huecos para una persecución o limitación ideológica de los comunicadores y sus mensajes. Hay correcciones, acuerdos y ajustes. Pero eso no vende titulares.
Por lo pronto, los temas ambiguos están siendo aclarados y los balones incendiarios de los Lineamientos parecen corregirse a tiempo, lo que da por hecho que los escenarios apocalípticos sobre la libertad de expresión y -¡Válgame!— de pensamiento se han comenzado a diluir rápidamente, quitándole una bandera más a la errática oposición.
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