El pasado 10 de agosto murió Miguel Mancera Aguayo, exgobernador del Banco de México, economista reconocido y figura a la que se atribuye, con razón, el diseño de la autonomía del banco central mexicano. Sin embargo, su deceso no generó una despedida pública proporcional a su relevancia; apenas fue recordado por tres o cuatro plumas, lo que contrasta con el peso que tuvo como figura clave de la política y la economía del México contemporáneo.
Sí, aunque pocos lo recordaron, quienes lo hicieron se desvivieron en elogios merecidos a su trayectoria pública. Pero lo que casi no se ha dicho —porque a veces la memoria pública también se ajusta por inflación— es que Mancera fue jefe, arquitecto y guardián del otrora poderosísimo Grupo Banxico: una camada de funcionarios formados para sobrevivir a modelos, perfiles y partidos, y que terminó metiendo mano en secretarías de finanzas estatales, en Hacienda y hasta en la política presidencial.
Ahí están, por supuesto, varios expresidentes de la era neoliberal priista: José López Portillo, quien al filo de cerrar su sexenio fue cediendo espacios y decisiones de política económica a los tecnócratas; Miguel de la Madrid, sin duda el laboratorio matriz de los llamados “Chicago boys”; Carlos Salinas y el ultraneoliberal Ernesto Zedillo, ni se diga: ambos fueron hechura del modelo renovador que buscaba adelgazar al Estado y castigar la política social. Más allá de Los Pinos, prácticamente todos los titulares de Hacienda desde JoLoPo hasta Peña Nieto —incluida la docena panista de Fox y Calderón— pasaron por esa escuela. Pocos analistas se atrevieron a llamarlo por su nombre: el otro poder de aquel México, en el que algunos llamaban a los secretarios de Hacienda “vicepresidentes de la República”, porque entonces la economía se anteponía a la política.
De ese tamaño fue Mancera Aguayo: celebrado por unos, olvidado por otros y poco valorado por las nuevas generaciones, que quizá ya no se impresionan tan fácilmente con los viejos sacerdotes de la ortodoxia económica. ¿Y cuál era su filosofía? Hoy suena casi elemental, pero, en medio de las complejidades sociopolíticas, la resistencia de grupos sociales, la falta de mayorías legislativas, la intromisión del entonces Poder Judicial y la complejidad mundial, el credo era claro: 1) diseñar programas económicos que “ayuden a la estabilidad económica y al fortalecimiento de las finanzas públicas y que busquen mejorar la competitividad de la economía, a fin de generar los empleos que demandan los mexicanos”; 2) garantizar que “la estabilidad macroeconómica y la competitividad sean condiciones necesarias para tener una economía eficiente”; y 3) actuar con sensibilidad, bajo la acción rectora y rectificadora del Estado, para corregir las “terribles desigualdades que hay en la sociedad mexicana”.
Es decir: estabilidad, competitividad y reducción del Estado a su papel rector; la santísima trinidad tecnocrática que, curiosamente, siempre prometía llegar al bienestar… en la siguiente administración.
El resultado fue una generación de economicistas calificados, 10 de 10 en los salones de los organismos financieros internacionales donde se dictaban gran parte de las decisiones gubernamentales a países como el nuestro. Y sí, los “banxicos” se ganaron lugares privilegiados en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; incluso llegaron a ocupar la secretaría general de la poderosa OCDE y ansiaban tener la dirección de la OMC. Para el currículum internacional, impecables. Para el crecimiento sostenido de México, digamos que la boleta salió un poco menos presumible.
Tal como se los restregó en la cara Carlos Slim hace 20 años, en aquel lejano 2006: “Es fácil ser secretario de Hacienda o gobernador del Banco de México con el petróleo en 60 dólares y las remesas por 25 mil millones de dólares, con la economía mexicana dinámica y creciendo a 4%. Lo único que se pudiera criticar es que no creciéramos a ritmos más acelerados”. El magnate abundó entonces con una crítica que sería su sepultura: “En los últimos 25 años, el ingreso de los mexicanos creció sólo 0.2% per cápita, y hoy el gran reto es resarcir la pobreza extrema, a través de una red de producción social, educación, vivienda, inversión y crecimiento”. Hace 20 años, el empresario más poderoso de América Latina les dejó la receta servida. No la escucharon. Y ahora, con la solemnidad de quien descubre tarde el agua tibia, pretenden venir a darnos clases magistrales de buenas prácticas en finanzas públicas.
Por eso perdieron el poder en 2018 y por eso, desde entonces, todo lo que observan les parece el apocalipsis económico y financiero de México. La realidad, sin pedirles permiso ni consultar sus modelos de Excel, los ha venido rebasando por todos lados.
Pedro Aspe Armella y Guillermo Ortiz Martínez, extitulares de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, cuyas disputas personales llevaron al famoso “error de diciembre”, no sólo provocaron la peor devaluación y fuga de capitales, sino que también sembraron escenarios de violencia e inseguridad en todo el país, pues muchos mexicanos que perdieron su patrimonio o se quedaron sin empleo vieron en la delincuencia una alternativa de supervivencia. Después de aquello, la historia del México rojo ya no fue la misma.
Ambos banxicos reiteran lo que los propios informes oficiales han reconocido: insuficiencia de la inversión pública, limitada capacidad del Estado para impulsar el desarrollo productivo y atraer más inversiones y, claro, una concepción estrecha del crecimiento. Su diagnóstico apocalíptico considera la peor caída de la economía, la misma que anticipan desde antes de 2018. Lo que no cuentan es que, en medio de factores de coyuntura mundial —la geopolítica del nuevo orden, la presión bélica en Medio Oriente, la crisis migratoria y Donald Trump—, para bien de las mayorías, mientras con ellos la inflación era superior al 10 por ciento y más de 15 millones de mexicanos cayeron en la pobreza, el programa de bienestar de la 4T ha sacado a 15 millones de la pobreza extrema y ha generado flujo de capitales en los sectores medios y bajos de la sociedad.
Que si hay problemas, pues los hay: el margen fiscal se ha acotado, la productividad es débil y, si queremos que los fondos de estabilización se mantengan, urge discutir una reforma fiscal integral. Ello obligará, valga el lugar común, a que al menos hacia 2027 haya mayor disciplina fiscal, promoción de más inversión privada nacional y extranjera, mayor claridad en las relaciones comerciales con China y una mejor relación con Estados Unidos para que el T-MEC resucite —quizá después del próximo noviembre—. Y en eso, creo, todos coinciden.
Contacto: [email protected]
