Si ya pasaron tres gobiernos federales, cuatro estatales y doce años, y todavía no sabemos dónde están los 43 normalistas rurales desaparecidos aquella noche del 26 de septiembre en Iguala, algo quedó dolorosamente claro: contra lo que muchos nos negábamos a aceptar, aquello no fue simplemente una suma de casualidades, policías corruptos y delincuentes haciendo de las suyas. Fue una operación en la que distintas instituciones del Estado quedaron involucradas y en la que, además de desaparecer a los estudiantes, también se hizo desaparecer la verdad.

Y vaya que para eso sí hubo coordinación.

Hagamos cuentas de estos doce años de impunidad: tres presidentes de la República, uno del PRI y dos de Morena; cuatro gobernadores, dos del PRD, uno del PRI y una de Morena; siete alcaldes de Iguala surgidos del PRD, PRI, Verde, PT y Morena; tres fiscales generales de la República y seis fiscales especiales para el caso, algunos empeñados en llegar al fondo y otros que parecieron especializarse, más bien, en cobrar la quincena.

También tenemos al menos una decena de libros de investigación periodística y unos tres de absoluta ficción; cuando menos diez documentales nacionales y extranjeros bien documentados; seis informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y hasta una conclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que consiguió algo difícil a estas alturas: sorprendernos.

Han sido detenidos un exgobernador, un exfiscal de la República, un alcalde, decenas de policías municipales, incluyendo directores; al menos diez militares, un exfiscal especial sigue prófugo y refugiado en Israel, cinco líderes criminales y decenas de sicarios del grupo delictivo “Guerreros Unidos”. A la fecha, han muerto ocho padres y madres de los normalistas desaparecidos.

Se han deslizado al menos tres hipótesis: la verdad histórica de la fiscalía de Murillo Karam, la complicidad del Ejército, policías federales y criminales del investigador de Alejandro Encinas y la operación para encubrir todo que presentó el GIEI, además de especulaciones como que grupos externos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tienen bases en Guerrero, pudieron participar, a decir del expresidente Álvaro Uribe o de fuerzas oscuras que operaron desde nuestro vecino del norte.

Y, como suele ocurrir en este país donde hasta las tragedias encuentran mercado, tampoco han faltado quienes obtuvieron beneficios políticos, mediáticos o profesionales alrededor del caso. Periodistas especializados en nota roja, productores de narcoseries, personajes que hicieron carrera política y protagonistas que terminaron ocupando cargos públicos como un normalista sobreviviente que ahora cobra y viaja como diputado federal… de Morena. La tragedia nacional también tiene una extraña capacidad para producir currículums.

Pero después de doce años permanece la pregunta elemental, la misma que debería avergonzar a cualquier Estado incapaz de responderla: ¿qué pasó con los 43 estudiantes?

No existe todavía una reconstrucción definitiva que permita saber con certeza el destino de todos ellos. Han surgido hipótesis sobre reclutamiento criminal, participación de autoridades, ejecuciones y complejas redes de complicidad entre delincuencia organizada y agentes de distintos niveles del Estado. Lo extraordinario es que México haya conseguido investigar durante doce años un mismo crimen y mantener intacta su pregunta principal.

Eso también requiere talento.

La efervescencia de la indignación nacional que parecía inquebrantable tristemente ha pasado a segundo o tercer nivel en este termómetro de la tragicomedia mexicana contemporánea que dicta a la sociedad actuar como si no hubiera pasado nada. Y así indica todo, pues a doce años los grupos políticos que promovieron al narcoalcalde de Iguala siguen pasaditos de vivos al grado que se lamen los bigotes para retomar el control del estado con una de sus cuadros; el partido que lo llevó al poder, el PRD guerrerense, mantuvo el control de la alcaldía cuando menos tres administraciones más y ahora recupera el registro para seguir viviendo del erario; nadie ha escarbado más de los altos mandos militares y policías federales que, en varias versiones, acusan, y el grupo delictivo corresponsable sigue operando en la zona norte de Guerrero, parte de Morelos y Estado de México, y hasta donde se tenía conocimiento, también había hecho alianza con uno de los tres poderosos cárteles de la droga.

Conviene recordar también el contexto político que precedió a la tragedia. En Guerrero, sectores de las izquierdas habían terminado postulando candidatos cuya identidad política y vínculos despertaban cuestionamientos. La crisis fue tan profunda que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pidió en noviembre de 2014 la renuncia de la dirigencia nacional del PRD, entonces dominada por Nueva Izquierda, ante el deterioro político y moral provocado por el caso Iguala.

Parecía una lección imposible de olvidar.

Quizá la verdad fue una de las primeras víctimas de aquella noche del 26 de septiembre. La exigencia elemental —“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”— terminó rodeada por disputas partidistas, cálculos electorales, protagonismos, filtraciones, versiones oficiales, contraversiones oficiales y administraciones que prometieron llegar hasta las últimas consecuencias.

Las últimas consecuencias, aparentemente, quedan bastante lejos.

Mientras tanto, padres, madres, activistas y normalistas vuelven a marchar. Otra marcha. Otra exigencia. Otro aniversario. Otro gobierno prometiendo que ahora sí.

Y los 43 siguen sin volver.

“Lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa es un acontecimiento emblemático de extrema gravedad. El estúpido agravio contra nuestros jóvenes ha encontrado un repudio unánime de la sociedad y calcinado lo más íntimo de la conciencia mundial”, declaró el entonces coordinador de diputados de Morena, Porfirio Muñoz Ledo en aquel lejano 22 noviembre de 2024 y sí, sus palabras tienen total vigencia, porque esa herida nos mató un poco como nación.

Tal vez porque Ayotzinapa no solamente dejó 43 ausencias. Dejó también una pregunta que ningún gobierno ha conseguido responder completamente y que, con cada aniversario, resulta más incómoda:

¿Cuántos gobiernos necesita un Estado para encontrar la verdad?

AL MARGEN… Claudia y su sana distancia de Morena, como Zedillo en el Foro Nacional por la Democracia del PRI cuando dispuso mantener “una sana distancia entre mi partido y el gobierno”. Y en efecto, después vino la alternancia, abriendo la cancha al voto útil para el movimiento de Vicente Fox, al que se unieron el PAN, PRI y varios perredistas. La presidenta marcó una línea de neutralidad institucional al declarar: «Yo ni me meto, yo no estoy pendiente de quién encuestó», pero sí exigió transparentarlas ante el descontento ascendiente. ¿Y si deja correr esas candidaturas como anticipo de la “sana distancia” que marcará con el partido que nomás se ve aliado a su gobierno?

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