Hace unos días, los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025, publicados por el INEGI, nos cayeron como un balde de agua fría; congelada, diríamos, sobre todo a quienes ya pasamos del quinto o sexto piso. Más allá de la radiografía de los cambios demográficos, sociales y de vivienda en México entre 2020 y 2025, la encuesta nos restriega un dato incómodo: ya somos 130.4 millones de habitantes, pero vamos directito a convertirnos en un país de viejos al 2050, cuando uno de cada cuatro tenga más de 60 años.

Y, para completar el paquete, tendremos espacios y derechos que, lejos de garantizarnos una vejez feliz y una salida digna de la vida, nos colocan frente a una preocupación bastante menos poética: no habrá recursos públicos, privados ni sociales que alcancen.

No queremos ser dramáticos —qué va—, pero quienes ya estamos en la línea de ser considerados adultos mayores (snif, snif) empezamos a notar que envejecer en este país exige más habilidades de supervivencia que experiencia acumulada. Se dice que en 20 años no solo faltarán fuentes de trabajo digno para la mayoría, sino también apoyos suficientes para pagar renta o hipoteca; y peor aún para quienes, después de laborar durante muchos años, no lograron obtener una vivienda. Mucho ojo: ¿Quién va a pagar la cuenta cuando eso que hoy llamamos pensión, en cualquiera de sus modalidades, ya no alcance?

Tan solo en 2026, el presupuesto federal destinó alrededor de 1.64 billones de pesos a pensiones y jubilaciones. Nuestros gobiernos destinan cada vez más dinero público a las pensiones y a la deuda pública, mientras dejan como asuntos secundarios —porque, claro, pueden esperar— la salud, la seguridad, la educación, la cultura, la justicia y el desarrollo de infraestructura. Lo peor es que los sexenios van y vienen, pero se niegan a realizar una reforma fiscal integral con una filosofía profunda que anteponga la deuda social a cualquier otra.

Conforme avanza el tiempo, envejecer y ejercer el derecho humano a una pensión digna será cada vez más complicado. En 2017, las pensiones sociales representaban apenas el 5% del gasto total en jubilaciones; hoy ya superan el 31%. Solo en seis meses, las pensiones costaron 1.13 billones de pesos, equivalentes al 72% de todo lo recaudado por ISR. Nada mal para un problema que seguimos administrando como si pudiera jubilarse por sí solo.

Aunado a lo anterior, aquello de que «la familia pequeña vive mejor» se ha ido cumpliendo con puntualidad estadística, pero ahora sabemos que está lejos de ser humanista. México registra una desaceleración demográfica: la tasa de crecimiento promedio anual de la población cayó a 0.7% entre 2020 y 2025, por debajo del 1.0% registrado entre 2015 y 2020. La familia será más pequeña, sí; falta ver si también vivirá mejor cuando toque cuidar a una población cada vez más envejecida.

Y, por si el romance necesitara estadísticas para terminar de enfriarse, la tasa de matrimonios también va a la baja. En una década, por cada mil habitantes mayores de 18 años, pasó de 6.6 a 5.4. El efecto también se refleja en la fecundidad: la tasa global descendió de 2.21 hijos por mujer en 2014 a 1.60 en 2023. Cupido, al parecer, también leyó la Encuesta Intercensal y decidió ajustar su presupuesto.

O sea, además de viejos, sin techo, sin cuidados, cada vez más solos y con menos hijos y nietos… (de nuevo snif-snif-snif y más snif)

Pero hay un problema adicional: además de la presión sobre derechos aún no garantizados plenamente, como la pensión, la seguridad social, los servicios médicos y la vivienda digna, está el sistema de cuidados. O, para decirlo con la precisión que merece nuestra previsión nacional, está el sistema de cuidados que todavía no tenemos.

Salvo en la Ciudad de México, donde apenas está incipiente, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha ido sembrando los primeros sistemas de cuidados, en el resto del país no tienen idea y por tanto hay una total falta infraestructura. No existe una red nacional unificada e institucional de guarderías ni de centros públicos de atención diurna y gerontológica para personas adultas mayores dependientes. En otras palabras, envejecemos a escala nacional, pero la respuesta institucional sigue operando en modo piloto.

Estamos, pues, encaminados —si bien nos va— a convertirnos en una «carga familiar», sobre todo para las mujeres, que absorberán buena parte del cuidado. El resultado será más desgaste, mayor tensión familiar y más precarización. Porque cuando el Estado se ausenta, siempre aparece una familia; y dentro de ella, casi siempre una mujer con agenda milagrosamente disponible.

Si hoy el cálculo es de 517 mil personas que viven en viviendas colectivas, en condiciones de hacinamiento o en situación de calle, esa cifra podría aumentar considerablemente. Una proyección nada tranquilizadora para un país que envejece más rápido de lo que construye redes de protección.

La población en situación de calle ya es un problema grave y creciente en las ciudades. A la luz de los datos anteriores, las personas mayores que carecen de acceso adecuado a la salud enfrentarán, en un futuro inmediato, mayores riesgos de exclusión social y abandono institucional. Es decir, la vejez no solo llegará con canas: para demasiadas personas puede llegar también sin techo, atención médica ni Estado que responda.

Si bien muchos podríamos sentarnos a llorar inconsolablemente por llegar a viejos sin haber visto el tren que venía detrás —aunque ya tocaba el claxon—, todavía estamos a tiempo de exigir y exigirnos abrir la discusión sobre cómo financiar el Estado social que aún no terminamos de construir. Ese Estado ya presenta algunas grietas y avisa que no tardará en crujir. Por ahora, la silenciosa llamada de atención de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 es apenas un foquito encendido; uno de esos que solemos ignorar hasta que toda la instalación hace corto. Y el futuro, por cierto, ya está encima.

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