Este lunes se conmemoró, una vez más, el Día Mundial del Hábitat. Cada primer lunes de octubre, esta jornada global invita a reflexionar sobre la situación de las ciudades y los asentamientos humanos, a defender el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada y a crear conciencia sobre los desafíos del crecimiento urbano, la pobreza y el cambio climático.
Para ciudades como la de México, el tema pone de relieve un problema de fondo: el acceso a la vivienda se ha convertido en un asunto apremiante en muchas partes del mundo, dentro de un modelo económico que profundiza la exclusión y que requiere bastante más que discursos buena onda, fotografías para redes sociales y presupuestos destinados a acciones infladas para mitigar un rezago social histórico.
El debate ha abierto una profunda disputa política entre distintas corrientes de derecha e izquierda, tanto por el diagnóstico del problema como por las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda. Para los gobiernos de corte progresista, la vivienda debería ser siempre la punta de lanza de sus políticas públicas porque garantizarle a una familia un lugar donde vivir significa también garantizar patrimonio, arraigo, fortalecimiento del tejido social y mejores condiciones para el desarrollo humano de cada uno de sus integrantes.
Claro que, para las derechas, facilitar que las familias y las personas tengan un techo suele convertirse rápidamente en una peligrosa medida “populista”. Mucho más sensato, al parecer, resulta dejar el asunto en manos de la banca privada, los cárteles de la vivienda, los fondos de inversión, los capitales especulativos y los profesionales de la especulación del suelo. Y aunque hemos tenido administraciones federales y locales que se autodefinen de izquierda, estos intereses siguen avanzando con pocos controles, tasas de interés elevadas, sobreprecios y viviendas donde hasta la convivencia familiar parece haberse convertido en un lujo por metro cuadrado.
Hasta ahora, sólo en la capital se han emprendido algunas acciones contra el llamado “cártel inmobiliario”, pero los intereses detrás de éste siguen operando mediante el despojo y la especulación del suelo, además de atizar la gentrificación. Mientras tanto —porque el mercado aparentemente nunca pierde el apetito—, la vivienda privada continúa alcanzando precios cada vez más inaccesibles para las familias de menores ingresos.
Este 2026, el Día Mundial del Hábitat tuvo un perfil de conmemoraciones más bajo que en otros años, pese a que, a nivel nacional, el programa de vivienda social va viento en popa, al menos según lo informado por la Presidencia de la República, a través de la CONAVI y de la resurrección del Fovissste e Infonavit, instituciones que padecieron —y padecen todavía— las secuelas de los neoliberales que las dirigieron.
El problema, sin embargo, insiste tercamente en aparecer en las estadísticas. Datos de la Encuesta Intercensal presentados recientemente muestran que, entre 2020 y 2025, la proporción de viviendas en alquiler aumentó en todas las alcaldías de la Ciudad de México: pasó de 24.4% a 26.9%. Coyoacán registró el mayor aumento, al pasar de 18.7% a 26.1%, seguida de Miguel Hidalgo, con un incremento de 5.4%; Venustiano Carranza, con 4.9%; y Benito Juárez, con 3.1%.
El estudio Un hogar, pero ¿a qué costo?, realizado por la organización Hábitat para la Humanidad, apunta que, en nuestro país, ocho de cada 10 personas reportan haber reducido al menos un gasto durante el último año —entre ellos, alimentación o servicios de salud— para poder pagar la vivienda, superando el promedio global de 75%. Porque nada expresa mejor el éxito de un modelo de vivienda que tener que escoger entre comer, atender la salud o pagar la renta.
El déficit de vivienda continúa provocando desplazamientos por razones económicas en toda la Ciudad de México, teniendo como consecuencia una metrópoli cada vez más excluyente para sus jóvenes y para las personas de la tercera edad, quienes ven cada vez más lejana la posibilidad de poseer una vivienda.
Para la jefa de Gobierno de la capital, la vivienda es un tema toral de su administración y, por ello, ha trazado varios ejes centrales: mayor presupuesto para vivienda social —aunque los recursos caen lentos—; un programa de renta social —el primero en su tipo, pero que todavía no logra cuajar—; acciones decididas contra el despojo —con rezagos frente a la ferocidad de los abogados y notarías implicados en estos delitos—; y la Ley de Rentas Justas, cuya publicación se espera esta semana.
Sin duda, son acciones de gran calado. Ahora falta ese pequeño detalle administrativo que suele complicarlo todo: que aterricen y que la población pueda palpar sus resultados.
Y para ir cerrando este círculo, la semana pasada se convocó al inicio de un nuevo periodo de consulta ciudadana sobre dos instrumentos que tendrán un impacto decisivo en el desarrollo urbano de la capital y de los municipios conurbados: el Plan General de Desarrollo (PGD, que debió entrar en vigor este mes), y el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).
Este último ordenaría el territorio de 84 localidades de la CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos y, junto con el PGD, impactará en asuntos nada menores: servicios de agua, predial, movilidad, uso de suelo y, quizá lo más importante, quién toma las decisiones.
Podrían parecer consultas de trámite, pero son ejercicios de enorme responsabilidad. Ambos documentos contienen diagnósticos y propuestas para orientar la planeación y operación territorial de los próximos años, quizá lustros, y han generado oposición de sectores conservadores de la población, además de una campaña de desinformación impulsada por actores vinculados a intereses financieros, inmobiliarios, del despojo y del ramo de la especulación capitalista del suelo. Nada nuevo bajo el sol: cuando se discute el territorio, curiosamente aparecen muchos defensores espontáneos del “bien común” con intereses bastante particulares para evitar que su colonia se deprecie.
Aunque las autoridades responsables de promoverlos y difundir sus objetivos centrales han desplegado algunos foros de consulta y llamados a participar, existe la sensación de que los esfuerzos han sido insuficientes y de que, como en antaño, este ejercicio que debería construirse mediante un amplio consenso social podría terminar convertido en una simulación. Mucha consulta, mucha mesa, mucho foro y, al final, siempre queda la incómoda pregunta de quién decidió realmente.
En este contexto, la participación ciudadana resulta indispensable. No se trata únicamente de revisar documentos técnicos, sino de exigir claridad sobre las reglas que definirán dónde, cómo y para quién se construirá la ciudad durante las próximas décadas. Porque, sin duda, habrá quienes bajo la careta de “sociedad civil organizada” hagan acto de presencia para fijar sus oposiciones, así como quienes, bajo la máscara de capitales interesados, busquen influir en las decisiones para garantizar regímenes de privilegios. Por ello, conviene examinar qué decisiones ya se están tomando y si cuentan con el marco legal establecido por la Constitución local.
La capital y toda la Zona Metropolitana del Valle de México deberían recibir, paulatina pero claramente, información sobre cómo vendrán los cambios y cuál es la prospección planteada en el nuevo ordenamiento metropolitano. No es precisamente un asunto menor: está en juego nuestro futuro y el tipo de metrópoli que queremos construir. Estamos frente a un eje de debate ideológico y político de gran trascendencia.
Hoy, en España, se han intensificado las protestas en varias ciudades, especialmente en Madrid, a raíz del fenómeno de la gentrificación. Uno de los casos que detonó la indignación fue el desalojo de una mujer de más de 80 años que, al no poder cubrir la renta, fue expulsada por un propietario que optó por buscar inquilinos capaces de pagar un alquiler más alto. El resultado es la convocatoria a una elección general luego de que fueran rechazados dos decretos sobre vivienda.
En Berlín, por ejemplo, la izquierda comunista ganó la alcaldía en un contexto en el que la tendencia general parecía favorecer nuevamente a la derecha alemana, gracias a la propuesta de una nueva política de vivienda. “Berlín ha votado claramente a favor de un cambio de política, por un Berlín asequible donde todo el mundo pueda vivir con dignidad, independientemente de sus ingresos o su origen, y para que, por fin, se aborde de forma coherente la crisis de los alquileres”, citó La Jornada.
Y hace unas semanas, en Nueva York, el alcalde autodeclarado socialista Zohran Mamdani, anfitrión del foro Urban 20, al cual acudió Clara Brugada, dio a conocer las conclusiones del encuentro bajo tres compromisos: Vivienda digna, ampliar el acceso a casas seguras y baratas para frenar el aumento de los precios inmobiliarios; Acción climática, ratificar el compromiso de dejar de usar combustibles fósiles y proteger el medio ambiente; y Migración segura, tratar la movilidad humana con respeto y dignidad en cada ciudad.
En ese sentido, el pasado 19 de septiembre, organizaciones del movimiento urbano popular, principales aliadas para el triunfo interno y externo de Clara Brugada, llamaron mediante un manifiesto a construir un plan emergente de vivienda que garantice el respeto al derecho humano de las personas a satisfacer sus necesidades de pertenencia histórica, vivienda adecuada y desarrollo de actividades productivas —empleo y economía social—.
También plantearon romper con el despojo institucionalizado por redes de complicidad incrustadas en los aparatos de procuración e impartición de justicia; acabar con el acaparamiento de predios por parte de inmobiliarias privadas; construir un sistema de información territorial y urbano; y establecer una mesa intersecretarial resolutiva que rompa con los retrasos, vicios de corrupción y burocracias que han limitado la baja producción social de vivienda. Además, demandaron que las consultas sean realmente amplias y abiertas para evitar que puedan ser impugnadas por grupos de interés privados. Porque una consulta ciudadana donde la ciudadanía sólo sirve para llenar las sillas difícilmente merece llevar ese nombre.
El reclamo también constituye un llamado de atención para la alta burocracia, que olvida —o parece olvidar con admirable facilidad— que no se trata únicamente de atender una demanda social justa. Lo que está en disputa es el modelo de desarrollo, de gobierno y de crecimiento que queremos para nuestra ciudad: uno que atienda la deuda social con los sectores más desfavorecidos o regresar al modelo que privilegió a los capitales del negocio inmobiliario.
Y esa elección, por más tecnicismos, consultas y documentos de planeación que se acumulen sobre los escritorios, difícilmente puede disfrazarse de otra cosa.
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