Como expusimos la semana pasada, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) volvió a poner frente a frente dos visiones de ciudad. Ambas, naturalmente, dicen defender a la población. El pequeño detalle —nunca menor— es que no parecen hablar de la misma población. ¿Qué propone cada una y qué intereses están realmente en juego?
En una esquina están quienes consideran que vivir en la Ciudad de México es un privilegio que debe pagarse, y pagarse caro: por los servicios, por la ubicación y, si se descuidan los habitantes, hasta por el derecho a seguir llamando hogar a su casa. Al mismo tiempo, evocando las recetas conservadoras asociadas con Margaret Thatcher, reclaman limitar la capacidad pública de planeación y se presentan como heroicos guardianes del bolsillo del contribuyente. La defensa de los impuestos, por lo visto, admite interesantes excepciones cuando se trata de cuestionar a gobiernos ajenos.
Así, el PAN, integrantes de Somos Mx, algunos voceros que se ostentan como representantes de la “sociedad civil organizada” y columnistas abiertamente contrarios a la 4T han vuelto a sacar del armario al infaltable fantasma del “atentado contra la propiedad privada”. Que la propiedad tenga protección constitucional y que las autoridades hayan rechazado esa interpretación parece un inconveniente secundario. ¿Para qué dejar descansar a un fantasma si todavía da buenos titulares?
Esta temporada el espectáculo incluye efectos especiales renovados: impuestos por doquier —¡el temible predial!—, un Estado que supuestamente acecha escrituras y una autoridad que estaría dispuesta a decidir sobre el patrimonio ajeno. El número estelar, desde luego, es la amenaza de que lleguen personas de menores ingresos a la colonia y, en una de esas, hasta falte el agua para regar las macetas. Hay preocupaciones urbanas que revelan prioridades con admirable claridad.
Lo extraordinario es que un instrumento de planeación previsto en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, haya terminado presentado como la antesala del “comunismo mexicano”. Su propósito es coordinar la planeación de una región que comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y Huitzilac, Morelos. Pero, al parecer, la coordinación metropolitana vende menos que una conspiración.
¿Con qué argumentos se pretende sembrar alarma? Reaparecen la supuesta venta forzosa de inmuebles; un presunto impuesto por “desperdicio urbano”, concepto que se mezcla con la discusión sobre el aprovechamiento del suelo; la “zonificación flotante”, presentada como una licencia para la discrecionalidad, y un aumento automático del predial que se atribuye al ajuste metropolitano. Llama la atención que algunas de estas críticas provengan de fuerzas políticas cuya gestión en alcaldías como Benito Juárez también ha enfrentado cuestionamientos por sus prácticas urbanísticas. La memoria, al parecer, no siempre forma parte del equipamiento urbano.
El PAN capitalino, acompañado de algunos priistas y experredistas, protagoniza así una conversión digna de estudio: después de recibir señalamientos por su cercanía con intereses inmobiliarios privados, ahora descubre los peligros de la mala planeación. También advierte que la consulta pública del POZMVM podría perjudicar a sectores de clase media, entre los que cuenta con simpatizantes, y ha buscado movilizarlos. Hasta ahora, según la apreciación de quienes seguimos este debate, sin demasiado éxito. Nunca es tarde para preocuparse por el orden urbano; aunque habría sido útil empezar antes.
Del otro lado estamos quienes defendemos una ciudad incluyente, abierta a todas las personas, sin expulsiones por motivos económicos o étnicos; una ciudad donde niñas, niños y jóvenes puedan construir un futuro sin tener que despedirse del barrio en el que crecieron. Una pretensión que hoy suena casi subversiva: que el derecho a vivir en la ciudad no dependa de sobrevivir al próximo incremento de la renta.
Se trata de recuperar el espíritu de la Constitución de la Ciudad de México y dar contenido real a la Ciudad de Derechos: empleo, vivienda, agua, inclusión social, educación, cultura, esparcimiento, seguridad y políticas de desarrollo urbano que no se queden en el discurso. Porque los derechos escritos lucen muy bien en una ceremonia; el reto comienza cuando hay que hacerlos efectivos.
Para ello hacen falta políticas incluyentes y participación de las organizaciones del movimiento urbano popular, la ciudadanía, la academia y los actores económicos y sociales de la metrópoli. Hace falta, también, una amplia convocatoria en defensa de la Ciudad de Derechos que dispute la narrativa de los sectores políticos e inmobiliarios contrarios a esta visión. El problema no termina en las colonias más cotizadas, porque ya avanza en municipios como Nezahualcóyotl y alcaldías como Tláhuac e Iztapalapa, las cuales también enfrentan presiones que empujan a sus habitantes hacia lugares cada vez más lejanos. La expulsión urbana, por desgracia, no distingue códigos postales.
Esta aspiración se relaciona, además, con el derecho a una vivienda adecuada reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No estamos inventando una extravagancia ideológica: hablamos de compromisos y derechos reconocidos desde hace décadas. Aunque, visto el debate, a veces pareciera que exigirlos fuera una ocurrencia de último minuto.
El POZMVM es un instrumento de alcance prospectivo y coordinación intergubernamental en el que participa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La jefa de Gobierno capitalina ha reiterado que no se pretende aumentar el predial ni poner en riesgo la propiedad privada. Por supuesto, una aclaración institucional difícilmente compite en dramatismo con la imagen de una autoridad que llega a confiscar jardines y macetas.
En el fondo, la disputa no es por una sigla ni por un documento técnico. Es por dos modelos de Ciudad de México y de Valle de México: uno que enfrente la gentrificación, el desplazamiento de jóvenes y adultos mayores por razones económicas y la especulación inmobiliaria, y que acerque los lugares de trabajo a los de residencia; y otro que deje al capital especulativo marcar el ritmo del territorio. Las tensiones urbanas observadas en España, Alemania, Francia y Estados Unidos deberían bastar para tomar el asunto en serio, sin necesidad de fabricar espantos.
La pregunta, entonces, no es quién grita más fuerte en defensa de la ciudad, sino para quién quiere conservarla. Y, como diría el clásico: ¿usted por cuál vota?
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