Carlos Olvera
Guanajuato, Gto. 12 de octubre de 2010.- El empleado de Protección Civil de la capital Daniel Hernández Delgado, enfrenta varios reportes y una denuncia por pedir dinero a varios comerciantes a cambio de validar las revisiones de seguridad.
El integrante de la dependencia por el momento está suspendido de sus labores y espera la resolución de su situación legal que emitirá la agencia 5 de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con base en la averiguación previa número 2830/2010, interpuesta en su contra, el pasado miércoles, por parte de un comerciante afectado.
Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del Estado corroboró que la averiguación previa fue interpuesta por el delito de Concusión, debido a que se trata de un empleado de gobierno, cuyas sanciones, según la ley federal, van de 3 meses a dos años de prisión o multa de 30 a hasta 300 veces el salario mínimo.
De acuerdo a las primeras investigaciones, Hernández Delgado enfrenta una denuncia y entre cuatro y seis reportes por parte de comerciantes a quienes les pedía dinero a cambio de calificar las revisiones de seguridad de manera adecuada.
Al parecer el sospechoso pedía entre 8, 5 y 4 mil pesos mientras que en otros casos sólo solicitaba de 500 a 100 pesos, según algunos reportes.
De acuerdo con fuentes allegadas a la investigación, el hombre también se hacía pasar en ocasiones como bombero e inspector de Fiscalización para pedir dinero.
Alejandro Arenas Gallardo, director de Seguridad Ciudadana, sostuvo que el presunto responsable es acusado de pedir dinero a comerciantes a cambio de validar los exámenes de revisión sobre las condiciones de seguridad en los inmuebles y por ofrecer supuestas capacitaciones para los empleados.
También confirmó que la detención de Daniel Hernández se llevó a cabo el pasado miércoles, a petición de un afectado, pero ya contaba con reportes previos. “Esto fue a consecuencia de que 10 ó 15 días antes se tuvo conocimiento de que un elemento de Protección Civil andaba pidiendo dinero, entonces instruimos a las corporaciones para que estuvieran pendientes”, señaló Arenas.
Explicó que ellos obtuvieron “tres declaraciones de ofendidos y se estuvo observando permanentemente y se detuvo y fue remitido en el área de jueces calificadores y se le pidió a uno de los ofendidos presentara su denuncia”, explicó Arenas Gallardo.
