Carlos Olvera
Guanajuato, Gto. 11 de noviembre de 2010.- Por los abusos que sufren los ciudadanos que llegan a empeñar alguna prenda en casas de préstamo y por el pago de intereses de más del 300 por ciento para recuperarlos, la fracción parlamentaria del PAN presentó una iniciativa para regularlas.
Eduardo López Mares explicó que ellos han recibido quejas de mucha gente acerca de este tipo de negocios que se “aprovechan de la necesidad de las personas en donde por cuestiones de salud o por problemas familiares tienen la necesidad de algún préstamo se acercan a esos negocios”.
Mencionó que como no hay ninguna reglamentación que norme su actividad se cometen abusos y no se descarta que muchos de los productos que posteriormente se ponen a la venta sean también productos de robos o que esa actividad sea aprovechada para el lavado de dinero.
“Estamos exhortando al Congreso de la Unión para que modifiquen, a través de esta iniciativa, la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, que es donde específicamente se está proponiendo modificar un artículo y adicionar otros 5 enfocados a proteger a los ciudadanos”, explicó.
También se plantea la reforma de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, en donde se sugiere que sean los propios establecimientos o empresas que se dedican a este tipo de actividad, estén obligados a colocar ante la vista del público cuál es la tasa de interés anualizada que están cobrando, añadió.
“Esto porque muchas veces vemos que se aprovechan de la necesidad de la gente, que sin saber adquiere deudas insalvables”.
Dijo que tienen claro que no es una competencia del Congreso, pero como ellos iniciantes están presentando la propuesta de reforma ante el Congreso de la Unión “estamos señalando que son más de 4 mil casas de empeño en todo el país por lo que se debe regular esta actividad”.
Reconoció que en la entidad no hay ningún padrón o cifras precisas de cuántas casas se dedican a este negocio; por lo que se deben regularizar, establecer normas y que exista una comisión encargada de verificar la aplicación de la normatividad y atender las quejas de los usuarios que bien puede ser la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Condusef), concluyó.
