Candil de la Calle

Ni una más

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Ni una más.

Cada año, desde los últimos cinco o seis, para estas fechas y bajo el nombre de esta misma columna —en otros espacios, en otras oportunidades— he tocado el tema de la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, a propósito del 25 de noviembre como conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.

Y cada año es lo mismo.

Una violencia que no cesa, que más bien suele recrudecerse, que adquiere otras formas, otros rostros, otras edades.

En los últimos años, de manera particular, ha alcanzado el rostro de la violencia y se ha mezclado, se ha confundido, se ha opacado por el otro enorme, sangriento, terrible rostro de una violencia generalizada que tampoco ha distinguido género, edad o condición social.

Aunque este estigma suele tocar con mayor saña a la pobreza, a la población vulnerable. Y, así las cosas, a las mujeres.

En casi tres años —del 2010 a la fecha— han sido asesinadas 160 mujeres en el territorio guanajuatense.

Entre ellas hay ocho niñas de dos a cuatro años de edad que en su mayoría fueron asesinadas por su padre o su padrastro con brutalidad extrema.

Varios de estos casos fueron consignados por los medios de comunicación porque la Procuraduría de Justicia dio a conocer los hechos, porque se detuvo a los responsables, porque alguna de las madres de estas pequeñas víctimas acudió, finalmente, a denunciar a los agresores convertidos en homicidas.

Cincuenta y una de estas mujeres han muerto en el año que transcurre.

Apenas por estos días se supo de la visita de legisladores de Aguascalientes deseosos de conocer la experiencia de la justicia en Guanajuato en el tema del feminicidio.

En nuestro estado, de 51 homicidios de mujeres sólo en tres casos se ha aplicado o encuadrado el tipo penal de feminicidio, que en su definición en el Código penal del estado sigue adoleciendo de expresiones subjetivas que dificultan tanto encuadrar un delito de este tipo al calificarlo, como la labor de los jueces al momento de procesar y llegar a una sentencia que sancione a los responsables.

Esto fue advertido por organizaciones civiles, pero había prisa en los legisladores y se hizo “lo mejor que se pudo”, como dijo un diputado cuando se aprobó el tipo penal, metido el gobierno de Guanajuato en un polémico escándalo de alcances internacionales por no garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y la criminalización cuestionada hasta por la Organización de Naciones Unidas que emitió sendas recomendaciones a las autoridades estatales en tiempos de Juan Manuel Oliva.

En los nuevos tiempos, el nuevo sexenio, se advierte y se alcanza a ver que el tema será igualmente soslayado, desatendido, estigmatizado, minimizado. La directora del Instituto de la Mujer, Adriana Rodríguez Vizcarra, apenas se asomó al Congreso del estado y mostró su desconocimiento de los temas de su agenda.

Ignora las acciones realizadas por el estado para encaminarnos a una vida libre de violencia. Ignora qué pasa con los feminicidios en Guanajuato. Ignora qué asociaciones civiles forman parte del consejo directivo del propio instituto que dirige.

No sabe siquiera dónde está parada.

El atento aviso es, pues, que el próximo año en el espacio en que haya oportunidad, estaré escribiendo de nueva cuenta sobre lo que no se hace a favor de la vida plena de las mujeres, de nosotras, en Guanajuato.

Por lo pronto, el reclamo, el rechazo: Ni una muerta más.