Pide Alonso Raya aclaración sobre asunto de casinos

Compartir

Guanajuato, Gto. 14 de enero de 2013.- El diputado perredista Miguel Alonso Raya exhortó a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades municipales de León y Salamanca a que expliquen las irregularidades que se han detectado en los permisos otorgados a los casinos Palmas y Trípoli.

Miguel Alonso Raya (Foto: Archivo)

Y es que presuntamente estos centros de apuesta han sido señalados por incurrir en prácticas corruptas e ilegales para obtener las autorizaciones para operar.

Señaló que en el escándalo de corrupción que se ha desatado por las denuncias en contra de Iván Peña Néder, propietario de Producciones Móviles, que opera “Trípoli”, ubicado en Salamanca y que también involucra a Juan José Rojas Cardona, dueño de Entretenimiento de México, que maneja “Palmas”, en León; debe ser aclarado de inmediato por las autoridades encargadas de la operación de los casinos.

Señaló que si bien hay una gran responsabilidad por parte de la Secretaría de Gobernación, que es la dependencia federal encargada de otorgar los permisos a los casinos, los municipios de León y Salamanca también incurrieron en omisión, puesto que es la autoridad local la responsable del cambio de uso de suelo y del programa de protección civil.

“Ninguna empresa puede pasar por alto el permiso de uso de suelo, al menos no para estar legalmente instalada; puede haber casos en donde no lo tenga y aún así se haya establecido a partir de incurrir en prácticas de corrupción para que se hagan de la vista gorda en los municipios”, dijo.

“…pero para que legalmente se pueda instalar un casino, Gobernación tiene que autorizar el permiso y el municipio otorgar el cambio de uso de suelo y aprobar el programa de protección civil; por tanto la autoridad municipal tiene una responsabilidad directa en este tema”, insistió.

En el ámbito de la competencia del legislativo, el diputado federal por Guanajuato dijo que se requiere aumentar los impuestos a la operación y a las enormes ganancias de los casinos y destinar el producto de estos gravámenes a los rubros de educación y seguridad social, como un mecanismos para inhibir la proliferación de este tipo de empresas en el país.