Los políticos son siempre lo mismo. Prometen construir un puente aunque no haya río.
Nikita Jruschov
Los herederos de la cultura pame-otomí, los descendientes de esos pueblos prehispánicos que vieron su esplendor en estas regiones mesoamericanas, están a punto de ser ofrecidos, como antaño, a la piedra de los sacrificios.
Porque, como suele suceder en estos tiempos en que las personas que gobiernan —y su estilo, y sus prejuicios, y sus intereses o los de sus grupos, o su ignorancia— están por encima de las instituciones, los últimos en la fila para ser escuchados, atendidos, tratados como personas, son aquellos “grupos vulnerables” entre los que figuran, por supuesto, los indígenas.
Una nueva clase dominante los apabulla y les ofrece espejitos y cuentas a cambio de sus territorios, de su cultura, sus ofrendas, ritos y ceremoniales, en una zona como es la que tiene como centro a la comunidad de Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende.
La clasificación de zona de preservación ecológica y de ruta cultural (el camino de Tierra Adentro) prehispánica y colonial, de muy poco o de nada vale cuando las prioridades son otras.
El pretexto del desarrollo económico, de la prosperidad, ha sido esgrimido en esta ocasión para la pretensión gubernamental de imponer la construcción de una autopista de cuota entre San Miguel de Allende y Guanajuato. Todo va bien con la mayor parte del proyecto, excepto por un tramo (el tramo 8) del trazo, que invade esta región donde permanecen asentadas numerosas comunidades descendientes de los otomíes, con toda la carga histórica, arquitectónica, cultural que esto conlleva.
Una autopista de poco más de 70 kilómetros entre Guanajuato y San Miguel de Allende, cuya construcción costaría unos 2 mil millones de pesos y que debería comenzar a ser trazada físicamente a principios del 2014, tiene tras de sí la inexplicable decisión de atravesar comunidades, partir en dos a algunas de ellas, tumbar una telesecundaria a donde acuden jóvenes de varios centros de población aledaños.
Todo en aras del progreso. El progreso de “las mayorías”, mismo argumento que se ha esgrimido en otros proyectos de envergadura similar, como es el caso vigente de la presa El Zapotillo, cuyo proyecto inicial prevé una cortina que implica inundar varias comunidades , entre ellas Temalcapulín, pueblo que también está dando la lucha por su defensa y preservación.
Así, veintitrés comunidades de San Miguel de Allende, representadas por el Consejo Estatal Indígena y asesoradas por un abogado contratado ex profeso por una asociación civil de ese municipio (Frente Pro Patrimonio) han decidido levantar la voz y recurrir a un amparo, en un intento de frenar ante los tribunales este proyecto, que no han podido detener con la palabra, con su voz, ante los funcionarios que defienden la autopista.
El rompecabezas comienza a armarse, y se sabe ya que el actual Secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda —quien defiende a capa y espada el trazo que pasa por esta zona de valor ecológico, cultural y arqueológico— se encargó de elaborar hace cinco años el anteproyecto de la misma, para lo que recibió 3.5 millones de pesos por hacerlo a través de su empresa particular.
Se sabe también que la ex delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Guillermina Gutiérrez de Lara, dio el visto bueno en condiciones altamente favorables al anteproyecto, aun cuando este fue objetado por los especialistas que hicieron la inspección física en los sitios que serán afectados por el mismo… y luego se fue a trabajar con un cargo que le dieron en el Gobierno del Estado.
Aún más, se conoce ya que el trazo original sí sufrió algunas leves modificaciones, cuando los propietarios de dos empresas particulares (Bachoco y un balneario) se dieron cuenta de que les afectaría e hicieron saber su inconformidad, misma que fue escuchada y atendida.
Éstas y otras historias se irán hilvanando en este polémico proyecto. Un punto importante es que las comunidades indígenas, las asociaciones civiles sanmiguelenses y quienes se vayan uniendo en su defensa, han dejado en claro que no se oponen a la construcción de la autopista, sino a uno solo de los tramos del anteproyecto, el que involucra a la zona mencionada.
Veremos si el gobierno escucha —con respeto, sin falsos paternalismos— a estos “grupos vulnerables”, antes de que le demuestren por otras vías, que son todo, menos eso.
