Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.
Octavio Paz
La maldita duda
Siete años después de la elección presidencial del 2006, que enfrentó al panista Felipe Calderón y al candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador en una de las contiendas más reñidas de la historia moderna de México, el aval de la Organización de Naciones Unidas permitió al Instituto Federal Electoral proceder a la destrucción de las boletas, el voto por voto, cada una de las papeletas en las cuales mexicanas y mexicanos expresamos nuestra decisión presidencial.
“Por fin”, respirarán aliviados muchos (Felipe Calderón entre éstos). “No se pudo” espetarán otros, Andrés Manuel López Obrador en este grupo.
“¿Y a mí qué?” dirán, con la indiferencia producto de su autismo social algunos más. Vicente Fox en esta lista.
La duda prevalecerá para muchos, para muchas.
¿Quién ganó la elección presidencial del 2006?
La diferencia entre Calderón y López Obrador no alcanzó el uno por ciento, no llegó a ese mínimo porcentaje.
Se quedó en el 0.58 por ciento.
La intervención del entonces presidente Vicente Fox, su empeñoso encono contra López Obrador con toda la fuerza del Estado en su contra, fue no sólo documentada, sospechada, sino confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en caravanesca resolución determinó que Fox influyó en la elección, pero no había sanción qué imponerle.
Luego, esta intromisión fue ratificada por Fox en forma posterior, en una y otra declaración desde el rancho de San Cristóbal.
Toda la historia de la campaña negra oficial y no oficial contra AMLO y el resultado dudoso, cercanísimo, apenas diferenciable, fue lo que llevó al semanario Proceso a interponer diversos recursos ante las instancias internacionales, en busca de tener acceso directo a las boletas, lo que en resumidas cuentas dio pie a un proceso jurídico que impidió la destrucción de las boletas electorales
La pretensión era documentar de primera mano el resultado medible del que no dieron plena certeza los propios organismos electorales, tan contaminados ellos al fin y al cabo de tanta nata de incredulidad y sospecha.
Haiga sido como haiga sido, el caso era tener certeza absoluta.
A fin de cuentas, por esta controversia el caso pasó por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y finalmente llegó hasta la ONU, que determinó dar la razón al Estado Mexicano en su argumento de que el tema de las boletas no forma parte de los temas de transparencia que debe arbitrar el organismo internacional, sino un asunto del Estado Mexicano, y da por hecho que se acataron todas las reglas de la elección.
Ahora sí sabemos que la destrucción de las mil 500 toneladas de material electoral almacenado en bodegas en el Estado de México y resguardadas por elementos del Ejército Mexicano serán destruidas en el lapso de un mes, y que para ello se gastarán cuatro millones de pesos.
El fondo del asunto, según las resoluciones a las que en México se aferraron la Suprema Corte de Justicia y el IFE, es que el asunto del acceso a la información electoral sólo llega hasta las actas de escrutinio y cómputo. De ahí para adelante, nada porque se entra a un ámbito reservado estrictamente a los organismos electorales –a los que las otras instancias dan total credibilidad- y a los partidos políticos.
Los recovecos de las leyes de transparencia que sirven para… ocultar.
A muchos quedará la duda.
¿Y todo para qué? Como dice la canción.
