La mejor justicia no siempre es la mejor política.

Abraham Lincoln

«Sabemos que pudo haber omisiones; es muy probable» le dijo el Procurador de Justicia Carlos Zamarripa al entrevistador Fernando del Rincón, conductor del programa Conclusiones en la cadena CNN en español, en la edición del lunes 14 por la noche, cuando le preguntó sobre la actuación de las autoridades —en este caso, el Ministerio Público— en el caso de Lucero Salcedo Salgado, atacada física y sexualmente por un joven el 12 de septiembre, y denunciante pública de estos hechos, lo que desató un pandemoniun virtual de opinión por todos lados.

A la intervención del procurador Zamarripa Aguirre le antecedió la del coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete, quien había estado el fin de semana en Guanajuato para entregar a Lucero Salcedo una copia de los escritos remitidos al gobernador Miguel Márquez y al magistrado presidente Alfonso Fragoso Gutiérrez, de parte de la presidenta del organismo, Lorena Cruz Sánchez.

En la parte medular de estos escritos, se solicita a las ambas autoridades nada menos que investigar y sancionar, en su caso, a los servidores públicos que intervinieron o han intervenido en todo el proceso llevado a partir de que Lucero Salcedo denunció la agresión de que fue objeto por negarse a sostener relaciones sexuales con un joven, denuncia que hizo desde el Hospital General donde era atendida de las —ahora se sabe— 20 lesiones que le fueron infligidas en todo el cuerpo.

“Es inadmisible que algunos hombres crean tener el derecho de disponer del cuerpo de una mujer sin su consentimiento, pero más preocupante es que la víctima sea sometida a un proceso de doble victimización, primero a manos del agresor. Luego, de las instituciones que estamos llamadas a preservar y garantizar sus derechos humanos», escribió la directora de Inmujeres al gobernador y al presidente del Poder Judicial.

En su visita a Guanajuato, y de  manera más contundente en la entrevista de la noche del lunes en CNN, el coordinador jurídico del Inmujeres no se anduvo por las ramas al asegurar que si la denuncia de Lucero hubiera sido atendida con perspectiva de género, se hubiera consignado por tentativa de feminicidio, y no por lesiones y abusos erótico-sexuales, y al calificar de deleznable el desempeño de la juez Paulina Medina en la audiencia pública en la que todas las partes (menos Lucero, al parecer) acordaron ahorrar tiempo y proceder de una buena vez a la imputación (descripción de los cargos al indiciado) y vinculación a proceso (resolución para someterlo a juicio).

«Lucero tiene de su parte la razón y la ley, y a lo que nos obliga este caso es a que en Guanajuato se pongan de su lado las instituciones y las leyes que están para la protección de las víctimas de un delito tan atroz como es la violencia sexual hacia las mujeres», fueron las palabras de Pablo Navarrete en la entrevista con Del Rincón, a la que siguió la aparición del Procurador de Justicia.

Que admitiera esas posibles omisiones en el actuar del Ministerio Público (aunque haya dicho que esperará a que los organismos gubernamentales y no gubernamentales se lo señalen) era algo que, o se esperaba del procurador desde el principio, o se esperaba que no sucedería nunca, tras la férrea defensa y la posición aparentemente inamovible que había mantenido hasta la fecha, en defensa del proceder de los funcionarios bajo su mando.

Estas palabras, deliberadas o forzadas por un conductor que ha sido casi lapidario con las autoridades guanajuatenses en este tema, significan ya un cambio de rumbo en el llamado “caso Lucero”, y las señales se advierten también en la operación de un “cuarto de guerra” que hasta ahora estuvo ausente del manejo del asunto…o lo disimuló muy bien, envuelto en la bola de nieve en que se fue convirtiendo, imparable en parte por la errática carrera con la que desde el gobierno del estado se le pretendía alcanzar.

Mucho de fondo habrá que revisar bajo esas “posibles omisiones”, antes de asumir que se ha atendido un exhorto o una recomendación de las instancias federales que ahora conocen del caso, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Porque ahí, en el fondo, permanece esa maldita pregunta que se sigue haciendo en las casas, en las escuelas, en las redes sociales…en las agencias del ministerio público:

¿Pues qué le hiciste para que te pegara?