Guanajuato, Gto. 27 de octubre de 2013.- Calumnia y difamación podrían dejar de ser delitos que se sancionen penalmente al incorporarse en la legislación civil los elementos para sancionar por esa vía los excesos en que se pudiera incurrir en el ejercicio de la libertad de expresión.
La iniciativa propone suprimir el Título Cuarto De los delitos contra el honor, Capítulo Único Difamación y Calumnias y derogar los artículos 188, 189 y 190 del Código Penal Vigente en la entidad, así como adicionar diversos artículos en el Código Civil.
El diputado Francisco Javier Contreras Ramírez dio lectura a la propuesta y expuso que los bienes jurídicos del Derecho al Honor y la Libertad de Expresión, sustanciales al desarrollo personal del individuo, están plenamente reglamentados en el contexto jurídico nacional y con amplio reconocimiento en el ámbito internacional.
Sostuvo que la modernización normativa, junto con la adopción de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ha conllevado a la actualización del sistema jurídico para proteger las garantías fundamentales y reubicar en el área del derecho que le corresponde aquellas conductas como las que atentan contra el honor en el ámbito del derecho civil y no a través de una sanción penal.
Contreras Ramírez mencionó algunos antecedentes sobre la despenalización de los delitos de difamación y calumnias en el país que fueron abolidos del Código Penal Federal para regularlos mediante adiciones al Código Civil Federal, con lo que se sustituye el tratamiento procesal penal por uno de naturaleza civil.
El legislador consideró que la realidad social y jurídica hace ineludible la revisión de la legislación penal para derogar los delitos de difamación y calumnia, como ya lo han hecho otras entidades federativas para propiciar un mejor ejercicio del derecho, manteniéndolo ajeno a la amenaza penal y que al mismo tiempo proteja el ámbito privado de las personas y la credibilidad de las instituciones públicas.
Con la iniciativa que se presenta se busca homologar el Código Penal y el Civil de la entidad a los dispositivos federales en la materia y compartir la tesis de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así serían los jueces civiles quienes resuelvan mediante sus sentencias si alguna persona, periodista o comunicadores lesionan derechos a terceros, cometan algún delito o perturban el orden público al difundir información u opiniones, imponiendo una sanción económica y no de prisión.
Luego de exponer las derogaciones al Código Penal y las adiciones propuestas al Código Civil estatal, el diputado aseguró que con esta reforma los ciudadanos harán valer sus derechos del honor ante los tribunales civiles, alejados de apreciación subjetiva para ser valorados en su configuración objetiva, y que ninguna persona quede expuesta a la denigración o menosprecio.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
