El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan.
Pablo Neruda
Adriana Manzanares Cayetano es una indígena originaria del estado de Guerrero, habitante de un poblado llamado Ayutla de los libres. Tiene 27 años, siete de los cuales los pasó presa, tras ser procesada, juzgada y sentenciada culpable de homicidio en razón de parentesco por la muerte de un hijo.
Adriana se casó y tuvo dos hijos con un hombre de la comunidad que se convirtió en migrante. En ausencia de éste encontró otra pareja y se embarazó.
Al cuarto mes, mientras la Caravana Zapatista con el Subcomandante Marcos a la cabeza recorría el país y pasaba por el territorio guerrerense, sufrió un aborto espontáneo.
Su padre la presentó a comparecer ante la comunidad y fue apedreada, escupida, repudiada por haberse juntado con un hombre distinto a su esposo.
Junto con su nueva pareja, fue entregada a las autoridades. Un juez la sentenció a 27 años de cárcel, pero una posterior apelación le redujo la pena a 22 años.
Sin embargo, el hombre con el que vivía sí obtuvo su libertad.
A fines del 2009, la defensa de Adriana fue asumida por el Centro Las Libres de Guanajuato y por la Clínica de interés público del CIDE (el Centro de Investigación y Docencia Económicas), luego de que activistas por los derechos indígenas y femeninos de Guerrero se pusieran en contacto con ambos.
Las Libres y los abogados de la Clínica de interés público habían dado una batalla legal y política que llegó hasta la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, para llevar los casos de 7 (que terminaron siendo 9) mujeres presas por el mismo delito en Guanajuato, todas sentenciadas a penas mayores a los 25 años.
Todas eran mujeres pobres, varias de comunidades rurales; todas estaban embarazadas —alguna por violación—, todas habían sufrido abortos.
Acusadas por personal médico, por ministerios públicos, se quedaron en la cárcel hasta que la salida política obligada por el activismo de las organizaciones mencionadas y la resonancia alcanzada llegó, disfrazada de justicia: una reforma al Código penal fast track desde el Palacio de Gobierno, ordenada a los legisladores locales, para reducir drásticamente la pena al delito de homicidio en razón de parentesco en el caso un recién nacido.
A Adriana le tocó esperar dos años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviera su caso en las manos. En cinco minutos, por unanimidad, los ministros votaron la resolución que determinó su inmediata libertad por las anomalías en el proceso que se le siguió, entre éstas, que la joven no hablaba español y no contó con un traductor.
Para que la memoria no falle, para que la amnesia no cultive la apatía que tan fácilmente nos gana como ciudadanas y ciudadanos, en lugar de irnos a los talleres de zumba y repostería que como alternativa para la dignificación de la vida de las mujeres ofrece la Dirección de Atención a las Mujeres del gobierno municipal de Guanajuato, podemos recuperar la posibilidad de esperar justicia para María Luz Salcedo Palacios.
No nació indígena. No nació en una comunidad rural. No nació en hogar de escasos recursos.
Eso no la salvó de ser víctima de un delito, reconocido y confeso por parte del agresor, por si alguien lo ha olvidado. De un sistema que soslayó los hechos y la miró con los prejuiciosos y moralinos ojos que anticipadamente concluye que se lo mereció.
De tantos que le dirigen esa misma mirada, todavía.
Entre la solidaridad y el juicio público —porque es la vida de la víctima, y más si es mujer, la que hay que juzgar—, entre la justicia y la ausencia de ella, están el olvido y la memoria.
No olvidemos.
