Con todo y la crisis humana de autoridad y de credo, autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno y Jürgen Habermas, se vieron precisados a asumir que “ la religión, o cuando menos el sentimiento íntimo de que Dios existe, tiene una importancia decisiva para la realización de una sociedad más razonable y más justa, para una ordenación plausible de lo existente…” a fin de determinar por qué el signo de los tiempos, en el marco de un positivismo rabioso, sufre las consecuencias de los muchos pensamientos desacralizadores en los cuales Dios carece de sentido absoluto, con lo que muere la verdad eterna.
Esto viene a cuento por el riesgo de acostumbrarnos a endurecer el corazón como resultado de la injusticia reiterada, por haber convertido la moral en cuestión de gusto subjetivo o capricho de unos cuantos; y consecuentemente el anhelo de justicia cumplida parece ser el más demandado en una aldea global, donde la contienda —por igual la que ocurre entre dos individuos en la escuela, que la muerte a escala inimaginable por la lucha interna de una nación— ocurre de manera cotidiana y casi siempre aderezada de mentira y odio que se revierten en contra del propio ser humano.
En una realidad de profundas injusticias entender sufrimientos inevitables como el infortunio —por despilfarro o malos tratos físicos o psicológicos—, la vejez, el dolor y la muerte necesariamente apela a la urgencia de “religarse” con una instancia que garantice la justicia; una justicia en la cual los platos que miden y pesan el actuar humano estén balanceados. ¿Se logrará esto con las recién promulgadas reformas constitucionales para la transparencia? ¿Por qué los órganos existentes para dicho fin —Secretaría de la Función Pública por ejemplo— fueron incapaces de detener las acciones depredadoras de una presidenta de CONACULTA, en contra de vecinos de un barrio habitacional violentado?[1] ¿Será fatalidad que las leyes de transparencia revienten por el lado débil de una sociedad entusiasta y participativa merecedora de recursos, a fin de trabajar por el bien común y dejen impunes a burócratas irresponsables que no realizaron bien su trabajo de registrar? ¿Con que vara se mide a un organismo pseudo público que se apodera de los bienes que produjo un grupo de ciudadanos conscientes para llevar salud, educación o gestoría social a los marginados? ¿Cuántos casos conoce en que se haya aplicado justicia al miembro de la familia que actúa con sevicia en perjuicio de su esposa, hijos, hermanos o ancianos padres?
En la mayoría de las veces el conglomerado social se enfrenta a innumerables sufrimientos e injusticias originadas por los grupos de poder —oficiales si se trata de ministerios públicos, jueces que deciden según les marque su propio interés mezquino— políticos mediocres destructores de entornos y sociedades; comerciales como farmacéuticas y fabricantes de alimentos que distribuyen cosas de mala calidad y hasta medios de comunicación productores de propaganda mentirosa acerca de todo lo anterior.
En un mundo convulsionado donde a un delegado de la ciudad capital le importa más la instalación de parquímetros que la recolección de basura, el suministro de agua y la seguridad en las colonias, la añoranza de que estas condiciones de sufrimiento e injusticia no sean lo definitivos en su entorno, puede, por igual resultar en respuestas violentas e irracionales, que en luchas organizadas y constantes. ¿Será la moral, los valores tradicionales y en algunos casos las religiones con estructura lo que hagan la diferencia? Difícil de responder, en un entono en el que el ladrón de casa habitación, no debería de salirse con la suya por sobre la angustia de la víctima inocente[2].
Los casos de crueldad —en los homicidios, secuestros y hasta cuidados de ancianos— mezclan por igual el maltrato físico y el psicológico. ¿Cuántas parejas o hijos terminan muriendo por la sevicia sin que siquiera se inicie una averiguación? ¿Qué políticas públicas tiene el Estado para evitar que individuos dañados anden por la vida perjudicando a otros? Estos enfermos están conscientes del daño que hacen? Fotos como la de un criminal desnudo y cubierto de billetes ¿son una forma de promover la relación injusta, la sevicia y la violación a los derechos fundamentales? ¿El abuso en la corrección disciplinaria en contra de los hijos se atiende con justicia? o termina el perpetrador libre y los niños presos en una institución que seguramente no les dará mejores tratos.
Hay una gran diferencia entre la justicia social que permite educación igualitaria para todos y las políticas de limosna, becando a algún miembro de la familia más con sentido electorero y ánimo crematístico para los negocios escolares. Tampoco hay justicia balanceada para evitar el hambre, sin evitar detener el consumismo irracional a fin de poner un alto a las enfermedades de la obesidad, y sería sano revisar si la auténtica libertad de credo al liberarse de manera irresponsable, ha dado como resultado aberraciones en sí mismas inequitativas y prestas a aprovechar de manera perversas la necesidad humana de contar con amarres teológicos y morales.
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[1] La librería EDUCAL, tal como se auguró con simple sentido común, indagatorias de particulares y denuncias tanto en el poder judicial como en los medios, es un fracaso comercial, respecto del cual la señora Saizar arguye no estar en posibilidad de explicar porque se encuentra en su año sabático, es decir de vacaciones pagadas por la propia sociedad a la cual perjudicó.
[2] Son muchas las ancianas, que ha sido víctimas de sus choferes, o gente de servicio que abusa de la confianza con la certeza de que ningún ministerio público averiguará, ni buscará huellas ni asistirá a domicilio alguno a buscar lo robado. El último caso que conozco ocurrió en Polanco, y tanto el MP como el abogado recomendó “no perder tiempo porque no va recuperar nada” y en el caso, el valor era más estimativo que pecuniario, amén de la frustración de saber que el criminal se sale con la suya.
