Guanajuato, Gto. 05 de marzo de 2013.- A pesar de que durante los últimos cinco años se ha incrementado el número de feminicidios por la ausencia de la procuración de justicia, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado se opuso a aprobar la resolución del punto de acuerdo que propuso el PRI para pedirle al Gobierno del Estado, a la Procuraduría General de Justicia y al Supremo Tribunal de Justicia que implementen un protocolo para juzgar con perspectiva de género.
En el apartado de asuntos generales, la legisladora Erika Arroyo Bello y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, subió a tribuna para proponer un exhorto al titular del ejecutivo estatal, la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, para que apliquen los protocolos para juzgar con perspectiva de género con base al elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su mensaje, puntualizó que en los últimos cinco años el número de feminicidios ha crecido considerablemente y la procuración de justicia ha fallado para resolverlos, por lo que urgió la necesidad de garantizar la gobernabilidad y la paz social.
“Estamos ciertos que aminorar la discrecionalidad de servidores públicos responsables de la atención e impartición de justicia de las mujeres solo será posible a partir de la protección y promoción de los principios de universalidad, interdependencia y el derecho a la igualdad y a la no discriminación, los cuales deberán institucionalizarse a través de los protocolos para los encargado de administrar justicia”, señaló.
“En un asunto legal, pertinente y profesional de la actuación pública de acuerdo al protocolo de perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación podemos identificar y evaluar los impactos diferenciados de las normas, la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres”, agregó la diputada.
La legisladora priista criticó que pese a que todos los ciudadanos tienen derecho al Acceso a la Información y a la Rendición de Cuentas, le procurador de Justicia Carlos Zamarripa Aguirre, se ha negado a hacer públicos los protocolos de atención.
Recordó que durante el sexenio pasado del panista Juan Manuel Oliva, se encarceló a mujeres bajo el argumento de “asesinato en grado de parentesco”, y en sus expedientes se contenían elementos de índole moral y de apreciación de sus juzgadores, por ello Las Libres pudo comprobar y acreditar la inocencia cuestionando y derrumbando la actuación de una procuraduría que debiendo integrar investigaciones sobre hechos, las elabora sobre la conciencia de las mujeres y el modelo de vida que arbitrariamente asignan.
Incluso, afirmó que el caso Lucero, evidenció la ausencia de estos protocolos que según las autoridades estatales ya se aplican.
“Tenemos derecho a conocer y tener garantizas de su implementación, ni la Procuraduría ni ninguna dependencia pública debe ser en esta visión de patrimonialismo y apropiamiento de una función pública que debe estar enmarcada en la ley. La Suprema Corte de Justicia, diseño y difunde sus protocolos como herramientas para impulsar igualdad y dar certeza jurídica a hombres y mujeres”, señaló.
“La pregunta y demanda es hasta cuándo lo hará la procuraduría de Guanajuato, su omnipotencia legal y administrativa no solo es cuestionable sino reprobable, así el uso de protocolos no es tema de coyuntura es una respuesta legal de carácter internacional e internacional en la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia de género. En Guanajuato no puede permanecer el sistema de administrar justicia a criterio personal o moral”, añadió.
En el documento que presentó la priísta se solicitó que fuera de obvia resolución, lo que generó una breve discusión entre priistas y panistas, pues estos últimos pedían que se le diera el trámite parlamentario correspondiente. Finalmente la obvia resolución fue rechazada y el exhorto será enlistado en la siguiente sesión del pleno.
