Pero qué necesidad.

No de la manera más deseable, pero por fin, ahora sí, después de otros tantos meses de espera, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos emitió dos recomendaciones referidas a dos casos atendidos por la Procuraduría de Justicia del Estado que en los últimos meses del año pasado cobraron resonancia en la sociedad, la opinión pública y los medios de comunicación.

Uno de estos casos apunta a José Félix Rangel, un hombre propietario de una tiendita de abarrotes y cerveza y de una casa en el callejón de Tamazuca en la ciudad de Guanajuato, quien a principios del año pasado abusó sexualmente de dos menores, una de las cuales quedó embarazada y es su hijastra, además de encabezar una situación de promiscuidad, abuso y encierro con dos mujeres y numerosas hijas, en una historia al estilo “Castillo de la pureza”.

La tardanza en la atención de la denuncia que se presentó y en la detención de José Félix agrandó la tragedia, las secuelas, la victimización.

El otro caso, imposible definir cuál es más terrible,  es el de Laura Patricia Vázquez, una joven mujer, esposa  madre de familia, que denunció reiteradamente la violencia doméstica infligida por su pareja (un ex policía leonés) y lo hizo, como siempre nos dicen que debemos hacerlo, ante el Ministerio Público, donde no sólo se le ignoró, sino que se quiso llevar su caso, como también se acostumbra o se acostumbraba (si creemos en que de ahora en adelante los cambios que comienzan a verse van en serio) al esperado final de: perdónelo y lleguen a un acuerdo.

Laura no alcanzó a perdonarlo. No pudo llegar a un acuerdo. Tras los citatorios que le tuvo que entregar en mano a su esposo, éste la mató.

Estas dos recomendaciones señalan (de nueva cuenta en las últimas semanas tras la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Luz Salcedo) a servidores públicos cuyas funciones son trabajar en la atención de víctimas del delito, recibir denuncias y procurar la justicia para esas víctimas, y para los responsables de causar el daño, de agraviarlas, de delinquir en su contra.

A esos funcionarios, a quienes les tocan estas labores indispensables para la convivencia social y la garantía plena de derechos como el de la vida y la seguridad patrimonial, se les ha hecho ver que en realidad no han cumplido a cabalidad con esas tareas, en perjuicio de menores de edad y mujeres que no han logrado obtener la justicia que buscan o que merecen.

Pero más allá, su actuación ha obstaculizado para esos menores y esas mujeres llegar al final de ese camino en el que las instituciones ofrecen y prometen la rimbombante “justicia pronta y expedita”.

Peor aún, el desempeño de esos servidores públicos, que son agentes del ministerio público, peritos y otros empleados de la Procuraduría de Justicia del estado y del Centro multidisciplinario de atención a la violencia que depende del DIF municipal —en este caso, el de la capital del estado— fue, en los hechos, tan irregular, que contribuyó en daños contra esas víctimas y sus familiares.

La PEDH dio a conocer estas recomendaciones el miércoles de la Semana Santa, en plenas vacaciones de las instancias de gobierno y el desinterés de la opinión pública, ante la cual el valor de la voz del Ombudsman adquiere las dimensiones que refuerzan su investidura moral, principal fortaleza de este organismo.

A fin de cuentas, la decisión del Ombudsman Rodríguez Junquera de divulgar el regaño en vacaciones pudo haber “suavizado” el impacto de las recomendaciones para la Procuraduría de Justicia —particularmente— y para el gobierno municipal de Guanajuato capital.

Por eso hay que seguir hablando del tema.

Por eso hay que machacar, insistir, no olvidar.

Porque después de que se señalaron errores y omisiones de instancias del gobierno del estado y municipal, falta que se corrijan y que no vuelvan a ocurrir.

Porque lo que sigue es preguntarse, preguntarles, a esa niña-madre a sus 12 años, a la madre de la mujer asesinada, a sus hijos huérfanos, qué quieren de la justicia.

Qué es lo que tendrían que hacer estos funcionarios, estas dependencias señaladas, regañadas, para componer, reponer, resarcir el enorme (irreparable en mucho) daño causado.

Porque se les tiene que preguntar. Es lo menos, es el verdadero sentido de la intervención de una instancia de Derechos Humanos.

Y se les tiene que cumplir.