Guanajuato, Gto. 23 de julio de 2014.- Durante la sesión de Diputación Permanente, la diputada local Yulma Rocha Aguilar presentó una iniciativa que reforma al Código Penal con el propósito de que el delito de abusos eróticos-sexuales se cambie a abusos sexuales.
Propuso que tratándose de menores de edad este ilícito se considere grave, se persiga de oficio y se aumente la penalidad de uno a tres años.
Asimismo, la legisladora pidió que se incremente la penalidad de dos a cuatro años, cuando se presenten elementos que agraven el delito mencionado como el uso de la violencia física y moral, cuando se cometa el abuso con intervención de dos o más personas, si el responsable del hecho ejerce autoridad sobre el menor y a su vez se aproveche de esa confianza.
También cuando el responsable haga valer su posición jerárquica de poder derivado de sus relaciones familiares, laborales, profesionales, religiosas, docentes o de cualquier otra que implique subordinación.
«La violencia sexual contra los niños es una gran violación a los derechos humanos, y que desafortunadamente es una realidad en nuestro país y en nuestro Estado, puede generarse dentro del hogar, en los lugares de trabajo y en la escuela, la mayoría de los casos no son denunciados por miedo, vergüenza, estigmas y desconfianza en la autoridades», expresó Rocha Aguilar.
Por esta razón, la diputada local manifiesta la necesidad de que desde el sistema de procuración e impartición de justicia se manden mensajes claros y contundentes de no tolerar ningún tipo de abuso sexual contra menores.
Reiteró que padres de familia, maestros y sociedad en general deben ser sensibles ante un problema tan delicado como este y estar capacitados para el tratamiento de este tema, sin tabúes, con seriedad, dando herramientas a los niños sobre educación sexual científica, así como frenar a quien escudándose en la autoridad de un adulto, viole la intimidad de los pequeños.
Finalmente, la diputada priista exhortó al gobernador del estado a que se incluya en la agenda pública de la entidad y como prioridad, una política integral de protección a menores, donde siempre se garantice el interés superior de las niñas y niños.
