Las muchas promesas disminuyen la confianza.
Horacio
Siendo Enrique Peña Nieto candidato a la presidencia de la república presentó un manifiesto de diez puntos —o diez compromisos— denominado “Una presidencia democrática”, mismo que en aquel momento puso a disposición de intelectuales, políticos, líderes de opinión, académicos, universitarios y toda esta sociedad civil a la que ahora no sólo desoye, sino que pretende reprimir e ignorar.
Aquel decálogo tenía como objetivo construir un México “fuerte y unido”.
El primero de los puntos del decálogo olvidado, arrumbado en algún cajón de una oficina de campaña priista, era “proteger la libertad de reunión y manifestación”.
Garantizar la libertad de expresión, escuchar y tomar en cuenta “todas las críticas”, impulsar la reforma constitucional para crear el organismo autónomo que supervisaría la contratación de la publicidad gubernamental en los medios de comunicación, respeto a los derechos humanos en la actuación de las fuerzas armadas y policías, acatamiento inmediato y riguroso de las recomendaciones que surgieran al respecto, un gobierno laico y respetuoso de la libertad de creencias, acabar con la discriminación, respetar la división de poderes, abstenerse de intervenir en los procesos electorales (excepto para garantizar condiciones), crear la Comisión Nacional Anticorrupción y replantear o modificar la relación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.
No hay plazo que no se cumpla y este primero de diciembre recordamos que se ha llegado al segundo año del presidente emanado de un partido que tenía claro que volvería en el 2012 a Los Pinos, porque hizo todo lo que fue necesario, legítimo y no, para conseguirlo, y porque los dos presidentes emanados del PAN les hicieron también la tarea previamente.
Parece entonces temerario presenciar la presentación, hace unos días, de un segundo decálogo por parte de Peña Nieto, ya presidente, con dos años en Los Pinos.
Porque seguimos esperando que cumpla el primero.
Por ahora, de todo lo anteriormente señalado, para lo único que se han dado pasos concretos es para la designación del comisionado anticorrupción, nombramiento que está en ciernes.
Varios de esos rubros del decálogo de promesas del entonces candidato sonaban prioritarios, necesarios, urgentísimos.
Pero no sólo eso. Enrique Peña Nieto, su gobierno, no solo no han cumplido el primero de los puntos de este decálogo. Se ha actuado en sentido completamente opuesto a ése y a varios de la lista, como puede apreciarse con una rápida lectura y una rápida mirada al panorama nacional.
¿Alguien lo duda?
Y bueno. Estamos ahora ante este segundo decálogo, en materia de seguridad y justicia dicen, que implica un conjunto de reformas a diversos ordenamientos legales…como si las leyes fueran el problema, cuando el modelo jurídico que tenemos es de avanzada, pero los responsables de operarlo van de fracaso en fracaso.
Una ley contra la infiltración del crimen organizado; la redefinición de competencias en el combate al delito, las policías estatales únicas —un verdadero atentado contra el municipio al que nadie quiere fortalecer, impulsar, sostener— con un mando policíaco en 32 grupos; un nuevo número telefónico de emergencias estilo 911 estadunidense (que ha sido tema idóneo para los memes de las redes sociales, hartas ya de tanta carne de cañón); retomar la clave única de identidad, una agenda de reformas al sistema de justicia, el fortalecimiento de los instrumentos para combatir la tortura, las desapariciones forzadas y para investigar estos delitos; nuevamente el rubro del combate a la corrupción y por último, abrir información en materia de manejo de la administración pública.
La pretendida reinvención del sistema que se inventó la corrupción, la impunidad, los atropellos policíacos y militares, las desapariciones, la represión de movimientos sociales, la tortura, la infiltración criminal en candidaturas y estructuras de gobierno…
El mundo al revés.
