Sin duda alguna, la peor manera de convertirse en agente verificadora de los programas de gobierno, esos que suenan tan bonito y están llenos de buenos propósitos, elevados fines y logros medibles y tangibles, es vivir en carne propia la falla absoluta de estos y las consecuencias, no sólo de las fallas institucionales, sino de la falta de ciudadanía, de la carencia de solidaridad.
Las consecuencias de dedicarnos, ciudadanos y gobiernos, al triste y patético oficio de espectadores.
Simples espectadores.
Como ocurrió el martes 8 poco después de las 2 de la tarde, en la puerta de las escuelas primarias Luis González Obregón (matutina) y Diego Rivera (vespertina) ubicadas frente al jardín Embajadoras de la ciudad de Guanajuato.
Una amiga y compañera de causas caminaba por esos rumbos con la intención de tomar un taxi, cuando escuchó los gritos de una niña, que salían de la escuela primaria federal “Diego Rivera” (turno vespertino).
Imposible dedicarse a la mera contemplación.
Tras la puerta cerrada de la escuela, en el interior, una mujer abofeteaba y jaloneaba contra la pared a una niña de 6 o 7 años de edad, con su uniforme escolar.
Mi amiga —activista por los derechos de las mujeres— se acercó y desde afuera le pidió que se detuviera. Le dijo que no debía hacer eso. Le explicó que es un delito. Ya ni qué decir de los mirones de palo que cobran como trabajadores de la Secretaría de Educación.
Mi compañera le preguntó a la niña si se encontraba bien. La niña respondió que no. La mujer la obligó a callar.
La mujer entonces cambió de objetivo. Le gritó a mi amiga y ordenó a los encargados de la puerta que la abrieran, con la evidente intención de continuar su gresca afuera.
Entonces sí actuaron los conserjes: abrieron la puerta y la dejaron salir.
La mujer lanzó un puñetazo en la cara a la compañera y luego, otros golpes más. Algunas madres de familia que se encontraban a cierta distancia le gritaron que la dejara.
La mujer jaló a la niña del brazo; cruzó la calle, caminó tranquilamente y se sentó durante unos minutos más en una banca del parque, mientras conversaba con otra persona.
Pero cuando los elementos de la Policía Municipal llegaron, el tiempo había corrido lo suficiente como para que ya no la encontraran.
Independientemente de los caminos a seguir en un caso como éste, la realidad previa se refleja en toda su dimensión:
Poco y nada se ha entendido en Guanajuato sobre la violencia en el entorno escolar. Poco y nada se ha hecho para combatirla, prevenirla, erradicarla. Su brutalidad es una escena cotidiana ante la cual directores, profesores, conserjes, alumnos, padres de familia y sociedad, nos sentamos a mirarla como frente a la pantalla de un televisor.
Con frecuencia, escuchamos y entendemos el argumento justificador de las autoridades educativas cuando marcan el límite de sus responsabilidades, obligaciones y atribuciones, de la puerta del colegio hacia adentro, para explicar su ausencia ante pleitos de alumnos y abusos “porque ocurrieron afuera” o “se pelearon a la salida”.
Hay qué decir que este caso tuvo flagrancia ante personal educativo dentro de las instalaciones de la primaria. Que una mujer cometió una agresión física primero contra una niña —su hija— dentro de la escuela, y luego contra otra persona, afuera.
Hay que decir que en el estado está vigente una Ley contra la violencia en el entorno escolar, que otorga responsabilidades y facultades a diversas dependencias del gobierno estatal para actuar.
Hay que decir que la Secretaría de Educación del Estado no sale bien librada, porque evidentemente no está haciendo lo que le toca hacer. Personal educativo impávido ante un acto de violencia contra una alumna dentro del plantel (provenga de donde provenga) en una escuela céntrica de la capital del estado, deja en calidad de pifia su propaganda de directivos capacitados, talleres informativos al inicio del ciclo escolar, amplia difusión de la Ley estatal contra la violencia en el entorno escolar…
Afuera, los otros espectadores ponen su granito de arena en la indiferencia nacional.
