No es que una se ufane y se afane en apelar al descrédito, en ensuciar la buena imagen de un gobierno que ha prometido, ha ofrecido, ha presumido y se ha endeudado para presentar a Guanajuato como un estado seguro, donde la delincuencia no sienta sus reales y es poca la mella que hace.

Más temprano que tarde, esa triste realidad que acumula todos los días signos contrarios al discurso, a los anuncios espectaculares, a la realidad oficial, se instala en nuestra vida de estos meses recientes en que, de manera alarmante, se añaden números, rostros familiares y desconocidos al creciente listado de homicidios dolosos y, también en un índice a la alza, de personas fallecidas por atropellamiento en carreteras y vialidades a lo largo y ancho del territorio guanajuatense.

Pasa que el Sistema Nacional de Seguridad reporta una estadística basada en informes de las procuradurías de los estados.

Pasa que procuradurías como la de Guanajuato, recaba también un registro de eventos delictivos (algunos de manera inevitable porque se hicieron públicos antes que otra cosa), una parte del cual difunde a través de los medios de comunicación.

Pasa que a nivel federal, se aplican también encuestas nacionales sobre la percepción de inseguridad de ciudadanas y ciudadanos, que aporta otro tanto al panorama en este tema, convertido en pesadilla, dolor de cabeza, talón de Aquiles y expresión de los más sensibles actos de corrupción (la infiltración delictiva permitida o pagada) en los gobiernos de los tres niveles.

Pasa que la sociedad civil organizada y otras instancias han creado mecanismos de denuncia, seguimiento, sondeo (como es el caso del Semáforo delictivo o los observatorios ciudadanos).

Pasa entonces que, en esta primera semana de noviembre del año 2015, a un año y seis meses de que el gobierno del estado echó a andar el muy ambicioso programa denominado Escudo, tan defendido y traducido como el uso de alta y novedosa tecnología en seguridad y ofrecido como un blindaje contra la delincuencia en Guanajuato, los guanajuatenses no nos sentimos más seguros.

Diríase que todo lo contrario.

Este año cerrará, de acuerdo con los pronósticos, como el del mayor número de asesinatos de mujeres entre los últimos.

León presenta un número de homicidios dolosos que rebasa incluso a los años trágicos del calderonismo. Su problemática en materia de seguridad ha obligado al nuevo gobierno encabezado por el panista Héctor López Santillana y al gobierno estatal a aplicar un nuevo pacto y a redefinir estrategias para combatirla. No está llegando a niveles alarmantes.

Ya llegó.

Pero León no es todo el estado. Y en todo el estado, en todas las regiones, los crímenes no sólo reflejan lo que funcionarios citan en sus diagnósticos e informes como “la descomposición del tejido social”, sino también los desaciertos y la ineficacia con los que esas autoridades, esos gobiernos, responden a tal descomposición.

Grupos criminales han establecido sus redes para encargarse, por ejemplo, del robo de hidrocarburos, el huachicoleo. Realidad insoslayable para la cual se ocupan sendos operativos de distintas corporaciones, con el propósito de detener responsables, aunque casi siempre terminan en recuperar los combustibles robados.

Al día siguiente, otra vez.

La falta de alianzas con los ciudadanos, también preocupados, ávidos de ser tomados en cuenta, de organizarse y tener receptividad en los ámbitos gubernamentales, ha sido uno de los más caros errores; se han tardado en reconocerlo y cuando se abren las puertas, hay más reticencia que colaboración.

Las autoridades deben entender la desconfianza ciudadana, pero también la importancia de disiparla.

La fórmula es simple: congruencia entre lo que se ofrece y lo que se cumple.

La carencia de hoy.