Señales cada vez más claras las hay de que, se llame como se llame la estrategia implementada por las autoridades en Guanajuato para frenar varios de los tipos de delitos graves que se están cometiendo en distintos rumbos del territorio estatal, no funciona, no está funcionando…o han sido rebasados.
Lo que durante muchas semanas ha sido presentado como “un problema de percepción social”, “los índices delictivos son los mismos”, “no es cierto que se estén incrementando” o el clásico “son casos aislados”, es un discurso que se ha ido debilitando y que ha ido perdiendo credibilidad.
El conocimiento diario de los hechos delictivos a lo largo y ancho del estado, aunque con particularidades en algunas ciudades del corredor industrial y sobre todo en la región de Celaya y los alrededores, ha diluido ese discurso mucho más rápido de lo que desearían los funcionarios responsables de la seguridad en todos sus ámbitos de responsabilidad institucional –prevención, pues aunque no lo crea usted hay un área del gobierno del estado dedicada a ello: combate al delito, procuración de justicia, etcétera-.
Veamos: el envío de un contingente de soldados del Ejército Mexicano a Guanajuato, para “reforzar las tareas de seguridad y combate” a delitos como los asaltos a trenes, el robo de hidrocarburos de los ductos de Pemex, y la inhibición de delitos del fuero común en los rumbos del estado, es una respuesta del gobierno federal a una problemática real y tangible para los guanajuatenses, pero una respuesta que debe interpretarse en toda su dimensión.
El Ejército enfrenta al enemigo. El Ejército no disuade, no realiza tareas de prevención.
El Ejército combate.
¿Por qué el gobernador Miguel Márquez decidió presentarse ante el gobierno federal y solicitar el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, del general Salvador Cienfuegos, para Guanajuato?
El Ejército tiene meses en Michoacán y Guerrero; años en Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas.
En esos estados no hay paz. Con algunas excepciones, poco o nada se ha logrado devolver a sus habitantes la posibilidad de sentirse a salvo, y en cambio al paso del tiempo la presencia militar acaba por ser motivo más de aprehensión que de certezas.
En la mira internacional están, en cambio, los más graves casos de abusos militares que han derivado en matanzas o desapariciones. Ha sido hasta fechas recientes que el discurso del general Cienfuegos ha abordado tangencialmente la necesidad de castigar a los militares que incurren en violaciones a la ley, a los derechos humanos.
Hace algunos meses, el general Cienfuegos habló largamente en una entrevista para un medio de San Luis Potosí sobre la ingrata encomienda que se asignó al Ejército en el arranque del sexenio de Felipe Calderón. Incómodo, el titular de la Sedena reconocía que estar en las calles haciendo las funciones de policías no es la tarea de la milicia, y hacerla les ha cobrado costos altísimos porque el soldado se ha acercado a todas las formas de corrupción y delito; que más de alguno ha entrado en esos círculos; que otros muchos soldados han perdido la vida en una guerra que no es guerra, y que algunos más han optado por cambiar de bando.
Pero el general reconocía también que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decisión del presidente en turno revocar esta orden y, mientras no sea así, se obedece y se cumple.
Estamos cumpliendo la década en este país de vivir en la lucha armada contra los cárteles de las drogas y conexos. Guanajuato enturbia su panorama; como refuerzo arriba la milicia; se modifican las estrategias que buscan brindar seguridad.
Esta película ya la vimos en otros estados. ¿Alguien habrá aprendido de la experiencia y de los errores?
«Aquél que no conoce la historia está condenado a repetirla». Frase de Napoleón Bonaparte. Un general.
