Un Tribunal Colegiado en Materia Penal –es decir, varios magistrados del Poder Judicial Federal- decidieron dar el último batazo a una petición ciudadana para obligar a la Procuraduría de Justicia del estado a investigar un par de asuntos de la administración estatal en tiempos del ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, que salieron a la luz públicamente y pusieron en evidencia un conflicto de interés o un franco nepotismo desde el DIF estatal, siendo la presidenta de este sistema Martha Martínez de Oliva.
Según la respuesta que el tribunal dio al amparo solicitado por el abogado Roberto Saucedo, de Ciudadanos Hartos, a fines de octubre, los ciudadanos no tienen la personalidad para denunciar un posible ilícito como el ejercicio irregular o anómalo de recursos públicos o una asignación de contrato cuestionable ante la Procuraduría de Justicia del Estado, como sí lo puede hacer la Auditoría Superior del Estado.
En este caso, se pretendía que la PGJE investigara los contratos asignados a la consuegra del entonces gobernador Oliva y de la presidenta del sistema DIF Martha Martínez, así como otros contratos otorgados a la empresa gastronómica de la hija de Oliva y Martínez, entre otros.
El batazo fue fulminante, y confirma sin lugar a dudas que, cuando es desde arriba que se pretende castigar traiciones o lavarse la cara (más que conseguir justicia o sancionar la corrupción) el sistema mueve sus engranajes a modo y ex gobernadores como Javier Duarte, el priista de Veracruz, o Guillermo Padrés, el panista de Sonora, pueden ser acabados políticamente…aunque entre eso a que acaben en la cárcel sentenciados culpables por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos o delincuencia organizada, hay un camino de la longitud de la Muralla China.
El ex gobernador Juan Manuel Oliva dejó el cargo varios meses antes de que terminara su mandato, en medio de las suspicacias que ya generaba la documentación (periodística y filtrada) de anomalías cometidas por funcionarios desde el DIF con compras infladas, desde Finanzas con la simulación de adquisiciones con empresas apócrifas o desde la Secretaría de Salud con la compra de material de curación y prótesis defectuosas, por citar algunos ejemplos.
De nada de ello se pidió cuentas de manera directa al gobernador, a pesar de la relación cercanísima de quienes se vieron involucrados en tales irregularidades. Desde el Congreso, los diputados de todas las fracciones parlamentarias hicieron mutis y lo dejaron ir, le concedieron la licencia a pesar de que en ningún momento se cubrió la situación urgente prevista en la Constitución para ello, y tras algunos meses de bajo perfil, Oliva Ramírez ha reaparecido, más que dispuesto a cumplir con las tareas para las que demostró ser más eficaz que en la silla del Ejecutivo, en la operación electoral del panismo.
Casi siete años se llevó el integrante de Ciudadanos Hartos en cubrir las formalidades legales ante los varios tribunales donde peleó el derecho a ser atendido en su propósito de que se abriera una investigación penal a Oliva.
Si no hay, como se ve, una mano que desde el Congreso o la Auditoría Superior del Estado mueva una denuncia, sencillamente no se esclarecerá la actuación indebida o no del ex gobernador y la ex primera dama en los asuntos en cuestión. No han sido exonerados, tampoco han sido responsabilizados.
Denuncias penales, impugnaciones, juicios de amparo, queja ante la Procuraduría estatal de Derechos Humanos, una inconformidad ante la CNDH y una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer el tema, dieron contra la pared, ésa que sostienen gobernadores, presidentes, funcionarios de todos los niveles que cierran el acceso ciudadano a la fiscalización.
Porque si no, cómo seguirían robando.
