Siguen irregularidades en el Florencio Antillón: Tovar Alvarado

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El INAH emitió recomendaciones para la conservación del parque al municipio que hasta el momento no se saben si se han acatado.

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Guanajuato, Gto 26 de diciembre de 2016. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Sergio Tovar Alvarado, señaló que hay varias irregularidades que siguen sin resolverse en el Parque Florencio Antillón, donde se invirtieron 35 millones de pesos de la federación y se denunció el robo de materiales por alrededor de 300 mil pesos.

Sergio Tovar Alvarado, delegado del INAH en Guanajuato (Foto: Archivo)

Mencionó que personal del Instituto visitó hace unos días el parque, conocido porque ahí yacen los restos del escritor Jorge Ibargüengoitia y porque está justamente enfrente del Palacio de Gobierno del estado, e hicieron varias recomendaciones que tendrán que revisarse en el mes de enero.

 Dijo que es muy lamentable que esa obra se haya complicado tanto y tenga aún tantas observaciones por parte de la autoridad, pues además del costo que implicó y el tiempo en el que se ejecutó la misma. Escuchemos al delegado del INAH Sergio Tovar

 Recordó que el Congreso del estado fue quien dio a conocer el robo del material y habría pedido al gobierno capitalino que se realizara una auditoría y “eso es algo de lo que ellos se están haciendo cargo y nosotros ya no podemos opinar a ese respecto hasta que esa auditoría haya concluido”, añadió.

 El delegado reconoció que la propia delegación del INAH fue “omisa” cuando comenzaron a retirar materiales y a hacer los trabajos que fueron criticados por organizaciones civiles por el daño que se estaba ocasionando.

 En cuanto a las recomendaciones que tendrán que revisarse dijo que la fuente que tiene un carácter histórico, tiene que ser rehabilitada, el kiosco está pendiente de intervención porque ni siquiera se ha iniciado, “solo se le dio una pintadita” y tampoco se ha hecho la plantación de nuevas plantas en las jardineras, señaló.

Tampoco se conocen los avances en la auditoría integral que ordenó el pleno del ayuntamiento, para deslindar responsabilidades del material perdido.