CONGRESO/Guanajuato, Gto. 27 de octubre de 2017.- La diputada priista Arcelia María González González habló sobre la “delicada” situación de las finanzas públicas del estado de Guanajuato y que ha hecho evidente, una vez más, la distancia entre una clase política que goza de privilegios y una ciudadanía a la que se le exige hacer sacrificios bajo el discurso de que los recursos públicos siempre son escasos.
A través de la propuesta de un Punto de Acuerdo, González González solicitó al Pleno exhortar al Gobernador del Estado para que elabore la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 de manera que se reflejen acciones y decisiones de alta disciplina y austeridad presupuestal.
Explicó que en el tema de la austeridad, las diputadas y los diputados han tomado decisiones correctas, han rendido cuentas claras en diversas materias, como el diseño constitucional de un sólido sistema anticorrupción y el retiro del fuero constitucional a todos los funcionarios públicos de la entidad.
Y resaltó: “Es momento de discutir nuevas formas de cuidar el dinero público, mediante acciones concretas y realizables de racionalidad y austeridad presupuestal y control al gasto superfluo, no podemos dejar de lado la búsqueda de una austeridad de los servidores públicos”.
González González puntualizó que se busca la austeridad como un equilibrio entre el reclamo y la sensatez, pero no puede ser una simulación; como lo marca el numeral 55 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, donde se establece que los sujetos de la Ley serán responsables de la estricta observancia de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para optimizar la aplicación de recursos en conceptos de gasto corriente;
Con la propuesta se busca racionalizar los gastos como la contratación de personal de carácter eventual y transitorio; pago de primas por concepto de seguro de vida y seguro de gastos médicos cuando el servidor público goce de tales prestaciones a cargo de las instituciones de seguridad social a las que se encuentren incorporados.
Además revisar la creación de plazas, salvo que así se justifique por la entrada en vigor de una ley o por la realización de movimientos compensados en el gasto; la asignación de vehículos institucionales a servidores públicos con funciones administrativas.
De igual manera analizar la asignación de combustible para vehículos particulares y oficiales afectos a funcionarios con actividades meramente administrativas, los viajes de funcionarios públicos, la asignación de telefonía celular o radiocomunicación, salvo los requeridos para el desempeño de funciones de campo, seguridad y emergencia; el pago de peajes por traslado al centro de trabajo y de este al lugar de residencia de los servidores públicos, y el gasto de alimentación de los servidores públicos.
