Guanajuato, Gto 29 de marzo de 2019. El grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para castigar con más de siete años de cárcel a quienes hagan labores de “halconeo” para el crimen organizado, la máxima pena será para quienes utilicen menores de edad o pertenezcan a alguna corporación.
El Partido Acción Nacional propuso reformar el código penal para tipificar como delito la intervención de comunicaciones y espionaje a corporaciones de seguridad con el fin de obtener información que sea usada por grupos delincuenciales para evadir la acción de la justicia.
La diputada panista Cristina Márquez señaló que este delito no esta tipificado en el código penal por lo que es necesario incluirlo en la legislación local y aplicar penas de prisión a quienes brinden información sobre las acciones policiacas a grupos delincuenciales.
“Las redes del crimen han optado por halconear, un concepto que hace referencia a las actividades de asechar, vigilar, alertar o recolectar información todo con el objetivo de facilitar la comisión de delitos además de dificultar o incluso impedir el funcionamiento adecuado de las instituciones de seguridad pública”.
Detalló que el término “halconear” se refiere a espiar movimientos de las coporaciones de seguridad o intervenir sus comunicaciones.
“Por medio de dicha actividad las redes del crimen organizado pretenden obtener información privilegiada con el fin de utilizarla para conocer y avisar a terceros sobre la ubicación y movimientos de operativos en su contra propiciando un clima de incertidumbre y poniendo en riesgo la integridad física de los integrantes de la comunidad”.
Recalcó que con la reforma, las penas más altas serán a quienes cometan este delito usando a menores de edad o sean miembros de alguna corporación de seguridad pública
“La intención es que de manera directa se sancione hasta siete años de prisión y 75 días de multa a las personas que sean encontradas culpables de asechar, vigilar o proporcionar información sobre las oficiales o personales de los integrantes de las instituciones de seguridad pública cuando esta vigilancia sea con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones”.
