Guanajuato, Gto 20 de agosto de 2019. El ejercicio del voto es un derecho político y también una obligación ciudadana.
Las diversidades sexuales, en especial las relacionadas con las identidades de género, las orientaciones sexuales y las expresiones de género, así como la apariencia de las personas, no deben significar impedimento alguno para el acceso y ejercicio efectivo de este derecho.
Conforme a ello, el Instituto Nacional Electoral implementó el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”, el cual fue aplicado en el pasado Proceso Electoral 2018.
El Vocal Ejecutivo, Jaime Juárez Jasso explicó que este ejercicio busca
generar un espacio de reflexión y propuestas de mejora en torno al reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos de todas y todos.
Detalló que el Protocolo garantiza las medidas de inclusión para que las
personas trans puedan acudir a la casilla y ejercer el voto sin distinción, y en igualdad de condiciones. De una forma sintética el protocolo establece que si el modo de vestir, modificaciones corporales o características físicas de la persona trans, no coinciden con la fotografía, nombre o sexo que aparecen en su Credencial para Votar, en ningún caso se impedirá el derecho al voto; entre otras medidas.
Durante la mesa de diálogo, las y los participantes coincidieron en la
pertinencia del Protocolo como una herramienta para el respeto a los derechos humanos en el marco de la democracia. Es pertinente señalar que además el INE ya ha tomado las medidas necesarias para que las personas trans, al momento de obtener su Credencial para Votar, independientemente del nombre y sexo que aparezca en su acta de nacimiento, puedan tomarse la fotografía con la imagen
correspondiente a la identidad de género a la que se adscriban.
Además de realizar alianzas estratégicas con instancias públicas en materia
de educación, derechos humanos, electorales y agrupaciones de la sociedad civil para acompañar una agenda común para la difusión y apropiación de los contenidos del Protocolo; y acompañar el diálogo e impulso para posibles cambios legislativos que faciliten el pleno ejercicio de los derechos político electorales de la comunidad trans en la entidad.
