Guanajuato, Gto.- Las comisiones unidas de Hacienda y Fiscalización junto con la de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron la metodología de análisis para las iniciativas de ley de ingresos de los 46 municipios, iniciando el 24 de noviembre.
Para su análisis los municipios se dividirán en tres bloques. El primer bloque lo conforman: Abasolo, Apaseo el Alto, Comonfort, Doctor Mora, Jerécuaro, Manuel Doblado, Moroleón, Romita, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tarandacuao, Xichú, Jaral del Progreso y Salvatierra.
El segundo bloque lo integran: Acámbaro, Atarjea, Cortazar, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Pénjamo, Purísima del Rincón, Salamanca, San Felipe, Santiago Maravatío, Uriangato, Victoria, Ocampo, Huanímaro, Tierra Blanca, Pueblo Nuevo, Silao de la Victoria y Coroneo, explicó la presidenta de la comisión de Hacienda Alejandra Gutiérrez Campos.
Mientras que el tercero quedó compuesto por: Apaseo el Grande, Celaya, San Miguel de Allende, Cuerámaro, Guanajuato, Irapuato, León, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Yuriria, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán.
Por su parte Belén Espinoza Aguirre, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, detalló los dos criterios únicos que se considerarán para el análisis de las leyes de ingresos de 2021 de los municipios.
Explicó que el primero es relacionado con ley de bebidas alcohólicas, donde se establece que el Sistema de Administración Tributaria (Sateg) es quien tiene la atribución de autorizar licencias de alcohol, mientras que los permisos eventuales quedan en la facultad de la autoridad municipal.
El Segundo criterio es relacionado con derechos por concepto de servicios en materia de acceso a la información pública, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional terminó como inconstitucional la acción promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se declaró como inválidos los cobros a los derechos de acceso a la información, pues violan el derecho a la gratuidad en dicho rubro.
Aclararon que si en alguna ley de ingresos municipal vienen cobros por dicho concepto tendrán que ser bien justificados, de lo contrario no serán válidos y se eliminarán.
